La fiscalía determinó que la víctima fue asesinada de cuatro disparos en una vivienda de Villa del Parque y que el sospechoso contó con un cómplice para trasladar el cuerpo hacia un basural.
La investigación por el femicidio de Daiana Arber sumó el primer avance formal en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. Durante la audiencia de imputación, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) acusó formalmente al único detenido, identificado como Lautaro H., por el asesinato de la mujer de 32 años. La fiscalía expuso la reconstrucción de los hechos y sostuvo que el imputado ejecutó a la víctima con un arma de fuego antes de ocultar el cadáver con la colaboración de una segunda persona que aún no fue identificada.
El caso mantiene en vilo a la capital provincial desde el hallazgo del cuerpo el pasado domingo 28 de junio en un depósito de residuos del sector oeste. Los peritajes forenses confirmaron que la causa del deceso estuvo vinculada a múltiples impactos de bala, lo que descartó de inmediato las hipótesis iniciales de un deceso accidental. Los familiares de la víctima habían radicado la denuncia por averiguación de paradero apenas 24 horas antes del hallazgo, luego de perder total contacto con ella.
De acuerdo con la carga probatoria recolectada por la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual, el crimen se perpetró en un contexto de extrema violencia. Los pesquisas analizan el entorno del imputado y los registros de comunicaciones para determinar la identidad del presunto entregador o colaborador que facilitó la logística para el traslado del cadáver desde la escena del crimen primaria hacia el destino final.
La reconstrucción del crimen en el barrio Villa del Parque
La hipótesis provisoria presentada por la fiscal Laura Gerard ubica el ataque entre las 5 y las 14 del jueves 25 de junio. El hecho tuvo lugar en el interior de una vivienda situada sobre la calle Padre Catena al 4500, en el corazón del barrio Villa del Parque. Según las evidencias científicas recolectadas por los peritos criminalísticos en el inmueble, el imputado utilizó un arma de fuego de puño para agredir a Arber en reiteradas oportunidades.
El informe preliminar de la autopsia detalló que el cuerpo presentaba al menos cuatro lesiones producidas por el impacto de proyectiles en zonas vitales como la cabeza, el tórax y el abdomen. La gravedad de las heridas provocó el fallecimiento casi inmediato de la mujer en el lugar. Tras constatar el deceso, el agresor inició las maniobras de ocultamiento tapando el cadáver con diferentes elementos de descarte dentro de la misma propiedad.
La fiscalía presume que, debido al porte de la víctima y la complejidad del terreno, Lautaro H. requirió asistencia para continuar con el plan de impunidad. Los registros de cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona sugieren que el traslado del cuerpo se concretó durante la madrugada del viernes 26 de junio. Los sospechosos aprovecharon la baja circulación y la falta de iluminación del sector para depositar los restos de Arber en el basural donde finalmente la policía realizó el hallazgo.
Hallazgo de material explosivo y el pedido de prisión preventiva
Además de la calificación legal por femicidio, que contempla una pena en expectativa de prisión perpetua, el MPA imputó a Lautaro H. por el delito de tenencia ilegítima de material explosivo de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad. Esta acusación secundaria surgió a partir de los resultados del allanamiento de urgencia efectuado por la Policía de Investigaciones (PDI) en el domicilio del sospechoso, donde se secuestró una granada de mano activa.
El hallazgo del artefacto explosivo agravó la situación procesal del detenido y abrió una línea de investigación paralela para establecer cómo adquirió un elemento de características militares. Los peritos de la Brigada de Explosivos procedieron al retiro y resguardo del material para someterlo a peritajes técnicos, mientras se examina si el sospechoso posee vinculaciones con organizaciones delictivas de la zona oeste de la ciudad de Santa Fe.
Ante la gravedad de las calificaciones penales y la existencia de riesgos procesales evidentes, como el peligro de fuga y la posibilidad de entorpecimiento probatorio mediante la coacción a testigos, la fiscal Gerard solicitó una nueva audiencia ante el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Sergio Carraro. En la jornada de este miércoles, el Ministerio Público de la Acusación requerirá formalmente la medida cautelar de prisión preventiva efectiva por el plazo de ley para el imputado.
El reclamo de la familia y los antecedentes de vulnerabilidad
Daiana Arber era oriunda de Nelson, una localidad ubicada a unos 40 kilómetros al norte de la capital provincial, y se había mudado a la ciudad de Santa Fe hacía aproximadamente dos años. Era madre de cuatro hijos de entre 11 y 17 años, quienes quedaron bajo el cuidado y la asistencia de su entorno familiar directo tras confirmarse la tragedia.
Antes del inicio de la actividad judicial en los tribunales santafesinos, un grupo de familiares y allegados se concentró en las escalinatas del edificio para exigir justicia y celeridad en la detención del presunto cómplice. Durante la movilización, la hermana de la víctima reveló que el círculo íntimo estaba al tanto de los reiterados episodios de violencia que ejercía el imputado sobre Daiana y que existieron intentos previos para convencerla de que regresara a su pueblo natal debido al peligro inminente que corría.
Las organizaciones sociales y los colectivos de mujeres de la región manifestaron su preocupación por el incremento de los índices de violencia de género en el departamento La Capital. El caso de Arber reavivó los reclamos ante los ministerios correspondientes para el fortalecimiento de los dispositivos de asistencia territorial a las víctimas y el cumplimiento efectivo de las medidas de restricción perimetral, las cuales suelen resultar insuficientes para contener las agresiones en los sectores más vulnerables de la periferia urbana.
De acuerdo con información difundida por: La Capital
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