El presidente del máximo tribunal provincial relativizó la fecha de su salida y abrió un nuevo frente de tormenta política con la Casa Gris.
La tensa tregua política entre el Poder Ejecutivo y la cúpula judicial de Santa Fe volvió a quebrarse de manera abrupta. El presidente de la Corte Suprema de Justicia provincial, Rafael Gutiérrez, reactivó el conflicto institucional al relativizar la fecha de su retiro definitivo del tribunal, sembrando fuertes dudas sobre el compromiso de renuncia que había anunciado formalmente para finales de este año. La sorpresiva marcha atrás del magistrado desafía la estrategia de renovación integral de la estructura judicial que comanda el gobernador Maximiliano Pullaro desde su asunción.
Las declaraciones del histórico cortesano impactaron de lleno en los despachos de la Casa Gris, donde se daba por cerrado el cronograma de vacantes para avanzar en el recambio de ministros. Gutiérrez, quien superó largamente el límite constitucional de 75 años de edad establecido en los parámetros de la jurisprudencia local, evitó ratificar el plazo que él mismo había convalidado meses atrás tras las intensas presiones del oficialismo, ligando su permanencia a la resolución de cuestiones administrativas internas del Poder Judicial.
El quiebre del pacto institucional y la dura advertencia del magistrado
La controversia escaló luego de que el jefe del máximo tribunal manifestara públicamente que su apartamiento no responderá a presiones externas ni a cronogramas fijados por el poder político santafesino. El planteo echó por tierra el entendimiento preliminar alcanzado en diciembre del año pasado, cuando se había pautado un esquema de salidas escalonadas de los miembros más antiguos del cuerpo, un proceso que la gestión de Pullaro venía celebrando como un triunfo político estratégico para su programa de reformas estructurales.
"Como siempre dije, me voy a ir el día que yo quiera", disparó el magistrado durante una entrevista televisiva, reactivando los argumentos de la corporación judicial que caracterizaron los momentos más agudos del debate por la reforma del sector. Gutiérrez fundamentó la posibilidad de estirar los plazos de su dimisión en la necesidad de supervisar la finalización de obras edilicias de envergadura, como la nueva ala de los Tribunales de la ciudad de Santa Fe, y en compromisos gremiales asumidos con el personal administrativo y los magistrados de rango inferior.
La postura del titular de la Corte expone la resistencia interna frente al avance del Poder Ejecutivo sobre la denominada "vieja guardia" del tribunal. El magistrado cuestionó los mecanismos implementados por la Gobernación para forzar el recambio e insistió en que los tiempos de la Justicia deben ser respetados de manera autónoma, un posicionamiento que tensiona la gobernabilidad en un área sensible para las políticas de seguridad y reformas previsionales que impulsa el frente Unidos para Cambiar Santa Fe.
La respuesta de Maximiliano Pullaro y la desconfianza en la Casa Gris
La reacción del gobernador Maximiliano Pullaro no se hizo esperar y procuró neutralizar el impacto de las declaraciones minimizando el margen de maniobra del cortesano. Desde el entorno del mandatario provincial ratificaron de manera tajante que los plazos originales se mantienen inalterables según lo planificado dentro del esquema de modernización del Estado, apelando a la responsabilidad cívica y a los compromisos institucionales previamente asumidos por los canales formales de diálogo.
"Gutiérrez se va a ir en noviembre", sentenció el mandatario santafesino al ser consultado sobre el cimbronazo judicial, intentando dar por cerrada una discusión que amenaza con empantanar la agenda legislativa de la provincia. El jefe de Estado provincial remarcó que confía en el cumplimiento del cronograma pactado debido a que considera al presidente del tribunal como un hombre que respeta sus compromisos ante la ciudadanía, buscando encerrar al juez en su propia palabra empeñada.
A pesar del optimismo discursivo exhibido por el gobernador, en los pasillos de la Gobernación prevalece un clima de profunda desconfianza hacia los movimientos estratégicos de la Corte Suprema. Operadores del oficialismo sospechan que la relativización de la renuncia responde a una maniobra coordinada para dilatar los tiempos y condicionar el envío de los nuevos pliegos de postulantes a la Asamblea Legislativa, en una etapa del año donde el Ejecutivo también dirime batallas judiciales complejas por la aplicación de la reforma previsional y los amparos presentados por los pasivos del sector público.
El recambio trabado en la cúpula del Poder Judicial santafesino
El nuevo escenario plantea un serio interrogante sobre el éxito del plan de renovación masiva de la Corte que diseñó el oficialismo santafesino. La estrategia de la Casa Gris contemplaba que para el cierre de la actual gestión gubernamental se habrían completado seis de las siete vacantes del máximo tribunal, permitiendo moldear una composición judicial más acorde a los desafíos de celeridad, oralidad y control de gestión que demanda la nueva legislación penal y civil de la provincia.
Hasta el momento, el recambio se venía ejecutando de manera parcial con el alejamiento definitivo de María Angélica Gastaldi y Mario Netri, cuyos lugares fueron cubiertos tras intensos debates políticos por Margarita Zabalza y Jorge Baclini. La planificación oficial indicaba que el proceso continuaría en el segundo semestre con la salida de Eduardo Spuler programada para septiembre, seguida por la de Roberto Falistocco y el propio Rafael Gutiérrez en noviembre, consolidando un cambio de época definitivo tras un cuarto de siglo de vigencia de la misma estructura de poder corporativo.
El desacato discursivo de Gutiérrez rompe la previsibilidad del cronograma y obliga al socialismo y a la Unión Cívica Radical a recalcular sus movimientos en la Legislatura. Si el veterano magistrado decide extender su permanencia más allá del límite técnico de noviembre, la provincia ingresará en un conflicto de poderes de desenlace incierto, afectando la legitimidad de las resoluciones de un tribunal que se encuentra bajo la lupa pública por sus fallos en materia de sustentabilidad económica y reformas de la Caja de Jubilaciones.
De acuerdo con información difundida por: LETRA P
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