El intendente capitalino respaldó al titular del Ente de Fiscalización luego de que le dejaran dos balas en su escritorio y acusó al senador de financiar sus campañas con empresarios del sector.
El escenario político y judicial de la ciudad de Córdoba atraviesa horas de máxima tensión institucional. El intendente Daniel Passerini rompió el silencio tras las graves intimidaciones que sufrió el presidente del Ente de Fiscalización y Control, Ezequiel Hormaeche Actis, a quien le dejaron dos proyectiles de arma de fuego sobre su escritorio luego de clausurar boliches vinculados a tramas delictivas. En una enérgica defensa de su funcionario y de la gestión de control, el jefe comunal peronista vinculó el origen de estas mafias con la administración del actual senador nacional de Juntos por el Cambio, Luis Juez.
La fuerte escalada dialéctica se produce en medio de la conmoción social por el femicidio de Agostina Vega, un crimen que expuso las irregularidades del bar "Wachitas", uno de los tantos locales nocturnos clausurados de manera definitiva en los últimos días. Lejos de ceder ante las presiones y las amenazas de muerte dirigidas hacia el área encargada de las inspecciones, Passerini ratificó el rumbo de los operativos y prometió una depuración a fondo dentro del Palacio 6 de Julio para erradicar las redes de recaudación ilegal.
La denuncia de amenazas con armas y proyectiles en los despachos oficiales
El conflicto sumó gravedad institucional cuando el propio Passerini detalló los métodos mafiosos con los que empresarios de la nocturnidad intentaron frenar las inspecciones en la capital provincial. Según reveló el mandatario local, las agresiones contra el personal municipal incluyeron ataques físicos con armas blancas a inspectores en la vía pública y, de manera más reciente, la colocación de dos balas en las oficinas del titular del ente fiscalizador tras el cierre definitivo del local boliche "Punta Alvear".
"Al presidente del ente de fiscalización le pusieron dos balas arriba del escritorio", afirmó de manera categórica el intendente, confirmando que ya se radicó la denuncia penal correspondiente contra el propietario del establecimiento. Passerini defendió la continuidad del organismo de control creado el año pasado, argumentando que el incremento sustancial de los cierres de locales bajo sospecha —que pasaron de 90 a más de 700 procedimientos— es la verdadera razón detrás de las violentas reacciones de los sectores que operaban al margen de la ley.
Para blindar el esquema de inspecciones frente a la andanada de intimidaciones, el Ejecutivo municipal anunció la creación inmediata de una Unidad Ejecutora Mixta. Esta estructura temporal tiene como misión auditar más de 7.000 habilitaciones comerciales vigentes en un plazo perentorio de 90 días, con el fin de cortar de raíz cualquier posibilidad de connivencia estatal o circuitos informales de habilitación.
Un duro dardo político a la estructura montada durante la gestión de Luis Juez
El pasaje más político y explosivo de las declaraciones del jefe comunal apuntó directo contra el líder del Frente Cívico, Luis Juez, quien gobernó la capital cordobesa entre 2003 y 2007. Passerini conectó directamente el origen de la corrupción interna en el cuerpo de inspectores municipales con los masivos ingresos de personal de planta permanente registrados durante aquel período, sosteniendo que esa estructura de poder oscuro logró pervivir en el tiempo por más de dos décadas.
"Los empresarios de la parte más oscura de la noche de Córdoba financiaron esa campaña y lo dijeron públicamente", disparó el intendente capitalino respecto al financiamiento de los armados políticos del actual senador nacional. El mandatario aportó cifras contundentes para respaldar su acusación, señalando que de los 119 empleados de la Municipalidad que ya fueron apartados, investigados o detenidos bajo su mandato por cobrar coimas o fraguar actas, el 90% ingresó a la administración pública en la era juecista.
Como ejemplo de este entramado, Passerini ventiló que la polémica habilitación del boliche "Wachitas" en el año 2017 llevaba la firma de un inspector que tiempo después terminó tras las rejas y resultó exonerado de sus funciones por delitos compatibles con la corrupción aduanera y comercial. La subsistencia de estos nichos de agentes deshonestos es, según los equipos técnicos del municipio, la mayor traba para normalizar los corredores nocturnos de Nueva Córdoba y el centro.
Hacia una reforma profunda de las ordenanzas de espectáculos públicos
La resolución de la crisis de la nocturnidad no se limitará a la vía judicial ni a las sanciones contra los agentes infieles. El Palacio 6 de Julio remitirá en el corto plazo un paquete legislativo integral al Concejo Deliberante para derogar las normativas vigentes y sancionar dos nuevas ordenanzas específicas que regulen de manera moderna las habilitaciones comerciales y el desarrollo de los espectáculos públicos masivos.
La nueva legislación introducirá la figura de la responsabilidad solidaria, extendiendo las sanciones y las multas económicas no solo a los empresarios que explotan comercialmente los rubros de bar o discoteca, sino también a los propietarios de los inmuebles que alquilan sus estructuras para actividades que violen las clausuras. Con esta herramienta, el municipio busca impedir los habituales cambios de razón social o de nombres fantasía con los que los locales clausurados reabrían sus puertas de manera inmediata utilizando artilugios legales.
La oposición provincial y las principales cámaras del sector gastronómico y de esparcimiento nocturno fueron invitadas formalmente a integrarse a las mesas de debate parlamentario para consensuar las modificaciones. A pesar del revuelo político y el cruce de acusaciones con el arco de Juntos por el Cambio, la administración peronista cordobesa remarcó que la decisión de avanzar contra los denominados "antros" de la Galería Norte y la zona costera es irreversible.
De acuerdo con información difundida por: LETRA P
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