Paritaria judicial en Córdoba: Llaryora ofertó una mejora pero persisten reclamos

El Ejecutivo provincial y el Tribunal Superior formalizaron una propuesta de adelantamiento de cuotas y sumas fijas para destrabar cinco meses de conflicto, aunque sectores internos exigen mayor recomposición.

El conflicto salarial en el Poder Judicial de Córdoba ingresó en una fase de definiciones cruciales. Tras una extensa negociación que mantiene paralizadas o con atención reducida a diversas dependencias de los tribunales provinciales, el gobierno liderado por Martín Llaryora, en sintonía con el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), habilitó una propuesta de mejora salarial con el objetivo de desactivar las medidas de fuerza. La oferta, formalizada en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, generó divisiones inmediatas dentro del arco gremial y mantiene bajo la lupa la postura de los magistrados, quienes arrastran reclamos propios por el impacto de los aportes previsionales y asistenciales en sus haberes.

El nuevo esquema puesto sobre la mesa de discusión busca acelerar los plazos de la denominada equiparación salarial, un viejo reclamo del sector para equiparar los ingresos locales con los de la Justicia Federal. La propuesta oficial contempla el adelantamiento de las cuotas pendientes para los haberes de julio, la exención de los descuentos por los días de huelga y el pase a planta permanente de 146 trabajadores contratados. Asimismo, para los escalafones más postergados, como las categorías de auxiliares y ayudantes, se incluyó un bono extraordinario no remunerativo de $140.000 por única vez.

El esquema de subas y la interna gremial ante la propuesta oficial

La conducción de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ), encabezada por Federico Cortelletti, adelantó que recomendará la aprobación del acuerdo en la Asamblea General Extraordinaria convocada para este miércoles 1 de julio. Desde la conducción sindical valoraron que la oferta se sitúa temporalmente por encima de la pauta fijada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y representa un alivio parcial en el poder adquisitivo tras cinco meses de paros y movilizaciones. Según el desglose del sindicato, el impacto estimado de bolsillo para el mes de julio oscilará entre el 4,46% para las categorías iniciales y montos superiores al 7% para los jefes de división y mandos medios, producto de la fusión de las cuotas dos y tres del convenio de equiparación.

Sin embargo, el clima de consenso dista de ser absoluto en el edificio de Tribunales. Los sectores de la oposición gremial, nucleados en la lista La Judicial, manifestaron un rechazo categórico a los términos del ofrecimiento por considerarlo "insuficiente" frente al índice inflacionario acumulado. Los delegados opositores argumentan que el adelantamiento de tramos no constituye una recomposición real del salario básico y recordaron que las categorías inferiores arrastran una pérdida del poder de compra superior al 25% desde el año 2022. Desde este espacio señalan que la base de las Unidades Judiciales —donde se reciben las denuncias ciudadanas y el conflicto se sintió con mayor fuerza— mantiene la tesitura de endurecer los paros de hasta 72 horas si no se rediscuten los porcentajes fijos del escalafón.

Funcionarios y magistrados sostienen la presión sobre el Centro Cívico

A la par de la discusión con los empleados administrativos, el frente de conflicto para la administración de Martín Llaryora se ramifica hacia los estratos superiores del Poder Judicial. Los magistrados y funcionarios de carrera sostienen cientos de reclamos administrativos presentados formalmente ante el TSJ y el Ministerio de Justicia. El descontento de los jueces y secretarios de primera instancia no radica únicamente en los porcentajes de la pauta salarial, sino en el impacto directo de las modificaciones normativas aplicadas por el Ejecutivo sobre los descuentos de la obra social Apross y el incremento de los aportes destinados a la Caja de Jubilaciones de la provincia.

Los representantes de los magistrados advierten que la afectación de los haberes líquidos por vía de mayores retenciones previsionales desvirtúa los acuerdos de intangibilidad salarial previstos por la Constitución de la provincia. Aunque el Gobierno provincial habilitó recientemente una partida para liquidar un incremento retroactivo a abril del 2,6% destinado a toda la estructura judicial, los funcionarios consideran que dicha cifra quedó desactualizada frente a los costos de las canastas profesionales. La paritaria de la Justicia se cruza así con la lógica que el Centro Cívico aplicó recientemente en la negociación con el gremio docente de la UEPC, donde el Gobierno buscó "empatar" la inflación mensual sin habilitar cláusulas que disparen el gasto público corriente en el segundo semestre del año.

---

De acuerdo con información difundida por: LETRA P