Ola de protestas antimigrantes paraliza a Sudáfrica y reaviva el fantasma de la violencia xenófoba
Un movimiento civil instaló un ultimátum para expulsar a los extranjeros indocumentados, provocando cierres de comercios, el despliegue del Ejército y una masiva repatriación de ciudadanos de países vecinos.
Una masiva movilización convocada por agrupaciones antiinmigración paralizó este martes a las principales ciudades de Sudáfrica, en una jornada de extrema tensión civil que obligó al Gobierno a desplegar de urgencia a las fuerzas policiales y a unidades del Ejército.
La escalada de hostilidad, que se consolidó a través de panfletos apócrifos y campañas digitales que simulaban ser decretos oficiales, derivó en el cierre preventivo de cientos de comercios pertenecientes a ciudadanos de origen asiático y de otros países de África. Ante la inminencia de disturbios a gran escala y la aparición de columnas de manifestantes armados con bastones tradicionales zulúes y escudos, el presidente Cyril Ramaphosa condenó enérgicamente las intimidaciones públicas, calificando las acciones de los grupos civiles como un peligroso ejercicio de "justicierismo" que atenta de forma directa contra el Estado de derecho.
La alarmante situación en las periferias urbanas forzó a los consulados de naciones vecinas como Nigeria, Ghana, Malaui y Uganda a iniciar operativos de evacuación de emergencia para repatriar a sus conciudadanos, muchos de los cuales denunciaron desalojos ilegales, agresiones físicas y la pérdida súbita de sus puestos laborales por el temor de los empleadores locales a sufrir represalias.
Tensión en las calles por el ultimátum y el despliegue de las fuerzas de seguridad
El epicentro de las manifestaciones civiles evidenció una profunda fragmentación en el tejido social sudafricano, alimentada por el estancamiento de la economía y las altas tasas de desocupación estructural. Los organizadores de las marchas defendieron el carácter supuestamente pacífico de la convocatoria, desvinculándose de los episodios delictivos periféricos, y señalaron que su reclamo está dirigido a exigir una reforma migratoria integral y una fiscalización rigurosa de las empresas que contratan mano de obra informal.
"Nuestro país tiene muchos problemas; tenemos una afluencia de inmigrantes ilegales que están cometiendo delitos que ya ni siquiera podemos soportar", manifestó un asistente a la concentración frente a la Legislatura Provincial de Gauteng, en el distrito financiero de Johannesburgo. No obstante, las intenciones de las cúpulas organizadoras se vieron desbordadas en varios puntos por facciones armadas con bastones tradicionales (sjamboks), lo que obligó al Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS) y a las tropas de la Fuerza de Defensa Nacional a intervenir con equipamiento antidisturbios para dispersar a los grupos que intentaban bloquear las autopistas principales.
El pánico instalado en las barriadas populares provocó que miles de residentes extranjeros, incluidos aquellos que poseen documentación legal y estatus de refugiados políticos, abandonaran sus hogares para acampar en las inmediaciones de sus respectivas delegaciones diplomáticas. En las afueras del consulado de Malaui en Johannesburgo, cientos de familias pasaron la noche a la intemperie a la espera de micros de repatriación provistos por su Gobierno, bajo la advertencia directa de vecinos locales que amenazaron con que "la sangre fluirá" si permanecían en el país tras el vencimiento de la fecha límite.
El trasfondo económico y el preocupante historial de ataques xenófobos
La crisis actual no representa un hecho aislado en la historia contemporánea de Sudáfrica, sino que se inscribe en una recurrente matriz de violencia colectiva que suele emerger en periodos de fuerte recesión. Los analistas políticos locales advierten que la retórica antiinmigración ha sido capitalizada de manera creciente por diversos sectores de la dirigencia política de cara a los comicios de noviembre, utilizando a la población migrante como un chivo expiatorio frente a las deficiencias estatales en la prestación de servicios básicos, salud y vivienda.
El temor de los organismos de derechos humanos radica en la posibilidad de que estas movilizaciones emulen las trágicas oleadas de violencia xenófoba del pasado. El antecedente más grave se remonta a los disturbios masivos de mayo de 2008, que culminaron con el asesinato de 62 ciudadanos extranjeros y el saqueo generalizado de comercios; un escenario de devastación que volvió a repetirse con menor intensidad en los años 2015, 2016 y a finales de 2019, cuando turbas armadas provocaron la muerte de al menos 12 personas en los alrededores de los antiguos guetos de Soweto.
Hasta el momento, las estadísticas del último mes ya contabilizan de forma oficial el asesinato de al menos cuatro ciudadanos extranjeros —dos mozambiqueños, un etíope y un malauí— en incidentes directamente vinculados a los patrullajes civiles ilegales. Mientras el Gobierno sudafricano intenta transmitir calma a los mercados internacionales asegurando que el control de las fronteras está garantizado, la parálisis comercial en los principales nodos económicos del país expone la fragilidad de una sociedad civil que procesa sus frustraciones estructurales mediante la segregación y el conflicto de fronteras adentro.
De acuerdo con información difundida por: France 24
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