Monzón: “El Congreso le da a las PyMEs lo que el Gobierno les niega”

La diputada nacional busca frenar la asfixia financiera del sector con un proyecto que suspende embargos de ARCA y establece planes de pago de hasta 60 cuotas, ante la falta de respuestas oficiales del Ejecutivo.

La presión sobre el tejido productivo argentino alcanzó un punto crítico y el Poder Legislativo tomó la iniciativa frente a la inacción del Gobierno nacional. La diputada nacional Victoria Monzón presentó formalmente un proyecto de ley destinado a aliviar la asfixia financiera que atraviesan las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) del país. La propuesta legislativa contempla la suspensión temporal de los embargos ejecutados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la implementación de planes de facilidades de pago de hasta 60 cuotas, una medida que busca oxigenar la caja de miles de firmas que hoy se encuentran al borde de la quiebra.

La legisladora, al fundamentar la presentación, no ahorró críticas hacia la gestión económica actual. “El Congreso le da a las PyMEs lo que el Gobierno les niega”, sentenció Monzón, dejando en evidencia el cortocircuito político que existe entre los reclamos del sector privado y la política de austeridad fiscal que sostiene el Poder Ejecutivo. Según la diputada, la supervivencia de gran parte del entramado productivo depende de un auxilio financiero inmediato que el Ministerio de Economía aún no ha querido o no ha podido instrumentar.

La respuesta legislativa ante el silencio del Poder Ejecutivo

El proyecto de Monzón no surge de manera aislada, sino que es el resultado de un pedido sostenido por parte de las cámaras empresariales más influyentes del país. Desde hace semanas, tanto la Unión Industrial Argentina (UIA) como la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) han mantenido reuniones con funcionarios del Gobierno advirtiendo que la presión fiscal y la voracidad recaudadora de ARCA estaban empujando a muchas empresas a la cesación de pagos. Sin embargo, los resultados hasta ahora han sido escasos, lo que derivó en la articulación de esta respuesta desde el Congreso.

"Estamos frente a una situación de emergencia productiva. Las empresas no están pidiendo un subsidio, están pidiendo que no las fundan con medidas recaudatorias en medio de una recesión histórica", señaló la diputada durante la conferencia de prensa en el Palacio Legislativo. La iniciativa propone, además, un paraguas jurídico para que las MiPyMEs puedan reestructurar sus deudas tributarias vencidas, evitando así que los juicios de ejecución fiscal se transformen en una barrera infranqueable que derive en el cierre definitivo de las persianas.

Un plan de pagos para evitar la cadena de quiebras

El corazón de la propuesta radica en la posibilidad de acceder a un régimen de regularización con una financiación de hasta 60 cuotas. El objetivo técnico es claro: alargar los plazos de cumplimiento para que las empresas puedan recomponer su capital de trabajo sin que el flujo de caja se vea drenado mes a mes por los intereses punitorios de ARCA. Para las entidades del sector, esta medida representa el "último salvavidas" antes de que la caída en el consumo interno y los costos fijos se vuelvan insostenibles.

El impacto de las actuales ejecuciones fiscales es profundo. Según informes preliminares de las cámaras, el porcentaje de empresas que han recibido notificaciones de embargo se ha incrementado un 35% en el último semestre. "Cuando ARCA embarga una cuenta bancaria, le corta la cadena de pagos a la PyME. Eso significa que no se pueden pagar salarios, no se pueden comprar insumos y se genera un efecto dominó que termina afectando a los trabajadores y a los proveedores", detalló un asesor económico vinculado al bloque que impulsa el proyecto.

El contexto de crisis en el sector MiPyME

La realidad del sector es compleja. La combinación de una inflación que, si bien se ha desacelerado, dejó precios relativos muy altos, junto a una caída estrepitosa del consumo de las familias, ha erosionado los márgenes de rentabilidad de las pequeñas empresas. A diferencia de las grandes compañías, las PyMEs tienen una estructura menos flexible para absorber los shocks macroeconómicos y su capacidad de acceso al crédito bancario es prácticamente nula en el actual contexto de altas tasas y exigencias colaterales.

La UIA ha sido enfática en sus comunicados recientes. La entidad advirtió que si no hay una señal clara de parte del Estado para aliviar el peso impositivo y los riesgos de ejecución, la pérdida de empleos formales en el sector privado será irreversible. Por su parte, la Cámara de Comercio subrayó que muchos comercios de barrio se encuentran operando a pérdida solo para mantener la estructura mínima, esperando que el segundo semestre del año traiga una reactivación que, por ahora, se percibe como lejana.

El proyecto de ley ahora deberá superar el filtro de las comisiones correspondientes. En un Parlamento donde las mayorías son dinámicas y el Gobierno suele aplicar un férreo control sobre la agenda, la iniciativa enfrenta el desafío de conseguir los votos necesarios para avanzar. Monzón confía en que la presión de los gobernadores, cuyos distritos se ven directamente afectados por el cierre de PyMEs locales, sea el motor que obligue a debatir esta ley antes de que el daño en el tejido productivo sea irreparable.

La batalla legislativa recién comienza, pero el mensaje de la oposición y de los sectores productivos es unánime: la política económica no puede sostenerse sobre la base de descapitalizar a quienes generan el grueso del empleo privado en la Argentina. La resolución de este conflicto no solo determinará la continuidad de miles de emprendimientos, sino que también pondrá a prueba la capacidad del Congreso para actuar como un contrapeso en la gestión de la crisis económica.

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De acuerdo con información difundida por: Google Noticias