El gobierno provincial y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) oficializaron la puesta en marcha de un plan de trabajo técnico y ambiental para reactivar el complejo Sierra Pintada, en San Rafael, con el objetivo estratégico de volver a producir concentrado de uranio en la Argentina tras décadas de inactividad.La iniciativa, que ha permanecido en estado latente durante años debido a controversias regulatorias y ambientales, se encuentra ahora en una etapa de revisión de protocolos para alinearse con los estándares internacionales de sustentabilidad. La reactivación de este yacimiento es considerada por el sector energético como una pieza clave para reducir la dependencia de las importaciones del mineral, necesario para la alimentación de las centrales nucleares del país, en un contexto donde el autoabastecimiento se ha convertido en una prioridad geopolítica y económica.
El retorno de la actividad extractiva en San Rafael
El proyecto Sierra Pintada, situado a unos 35 kilómetros de la ciudad de San Rafael, no solo representa un activo minero de gran relevancia, sino también un símbolo del potencial de la industria extractiva argentina. La planta de tratamiento de uranio, que funcionó durante más de dos décadas hasta su cese de operaciones en los años 90, cuenta con infraestructura base que, tras un periodo prolongado de mantenimiento, requiere de inversiones millonarias para su modernización tecnológica.
Las autoridades provinciales de Mendoza, junto a los técnicos de la CNEA, han comenzado a realizar los estudios de impacto ambiental necesarios para la apertura de nuevas áreas de exploración. Según fuentes cercanas al Ministerio de Energía, el plan contempla no solo la explotación de los depósitos remanentes, sino también la implementación de un sistema de circuito cerrado para el tratamiento de los residuos mineros, un punto crítico que generó los mayores cuestionamientos de la comunidad local durante las décadas anteriores.
La reactivación no será inmediata. El cronograma oficial estipula un periodo de 24 meses de tareas de remediación y adecuación de las instalaciones actuales antes de que se pueda extraer el primer gramo de "yellowcake" —concentrado de uranio— destinado al enriquecimiento. Este lapso temporal busca garantizar la seguridad de los trabajadores y el cumplimiento de las normativas de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN).
Impacto energético y soberanía tecnológica
"La soberanía energética comienza por la capacidad de alimentar nuestras propias centrales con recursos extraídos en territorio nacional", señalaron voceros del sector al analizar la relevancia del proyecto. La Argentina opera actualmente tres plantas nucleares —Atucha I, Atucha II y Embalse— que demandan un flujo constante de uranio. Hasta la fecha, el país ha tenido que recurrir a la compra externa en mercados volátiles, lo que representa una salida constante de divisas.
La puesta en marcha de Sierra Pintada permitiría cubrir aproximadamente el 50% de la demanda anual proyectada para el parque nuclear argentino en una primera etapa de producción. Para la provincia de Mendoza, esto se traduce en una oportunidad económica significativa: el proyecto estima la creación de al menos 400 empleos directos en su fase de construcción y operación, además de una cadena de proveedores locales que verían revitalizada su actividad comercial en el sur provincial.
Además, el desarrollo del complejo se alinea con la estrategia de diversificación de la matriz productiva que Mendoza viene impulsando para reducir su dependencia de la vitivinicultura. El sector minero, si logra consolidar la licencia social necesaria, promete ser un motor de crecimiento que compense la desaceleración observada en otras áreas industriales de la provincia, aportando regalías que serán reinvertidas en infraestructura vial y educativa para el departamento de San Rafael.
Desafíos ambientales y la búsqueda de licencia social
La historia reciente de Sierra Pintada está marcada por una fuerte resistencia de grupos ambientalistas y sectores de la producción agrícola que temen por la contaminación de las fuentes de agua subterránea. El gobierno provincial es plenamente consciente de este escenario y ha diseñado una estrategia de comunicación abierta, invitando a comités de expertos independientes y a representantes universitarios a participar en las auditorías de control durante todo el proceso de exploración.
La empresa estatal encargada de la remediación ha ratificado que los procesos de "pasivos ambientales" acumulados desde el cierre de la mina en el siglo pasado están siendo tratados bajo protocolos de encapsulamiento seguros. "Estamos trabajando en un esquema de minería moderna, donde el respeto por el recurso hídrico y la transparencia en la gestión de residuos son condiciones innegociables para el avance del proyecto", aseguró un directivo de la CNEA.
El éxito de la reactivación depende, en gran medida, de la capacidad del Estado para convencer a la sociedad mendocina de que la tecnología minera del 2026 es radicalmente distinta a la aplicada en los años 80. La implementación de monitoreo en tiempo real, accesible mediante plataformas digitales para cualquier ciudadano, es una de las herramientas que el gobierno provincial planea utilizar para mitigar el temor social y construir el consenso necesario para que el uranio argentino vuelva a fluir hacia los reactores del país.
El camino por recorrer es complejo, pero la voluntad política manifestada por los niveles gubernamentales refleja un cambio de dirección en la política minera nacional. Mendoza se encamina, así, a recuperar un rol protagónico en la cadena de valor nuclear, marcando un hito que, de concretarse, podría redefinir el mapa de la industria extractiva en el territorio argentino para la próxima década.
De acuerdo con información difundida por: LETRA P
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