La Justicia Federal de Corrientes fijó para el 16 de junio el inicio del juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña, el nene de cinco años visto por última vez en el paraje El Algarrobal. A dos años de aquel almuerzo familiar, el debate unificado sentará en el banquillo a un entramado de familiares, ex funcionarios públicos y falsos peritos, divididos en dos grupos clave: los sospechosos de la captura y quienes desviaron la investigación.
El núcleo duro de la sustracción y el ocultamiento
La hipótesis central del Ministerio Público Fiscal sostiene que el menor fue apartado deliberadamente de la custodia de su padre el 13 de junio de 2024. Para los siete imputados principales, la acusación formal es por sustracción y ocultamiento de un menor, un delito que contempla penas de entre 5 y 15 años de prisión, agravado por la edad de la víctima. El fiscal Carlos Schaefer y un equipo de seis fiscales adicionales llevarán adelante la acusación civil y penal ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, integrado por los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco.
Entre los principales señalados se encuentran Bernardino Antonio Benítez, tío político del niño, y la pareja conformada por Daniel Oscar “Fierrito” Ramírez y Mónica del Carmen Millapi. Según la reconstrucción de los hechos, ellos fueron los adultos encargados de llevar a Loan hacia el monte bajo la excusa de juntar naranjas. La fiscalía argumenta que este recorrido formó parte de un plan coordinado para entregar al menor y retirarlo de la zona de forma inmediata. Millapi es actualmente la única del grupo que goza del beneficio de prisión domiciliaria en Neuquén por tener hijos menores a su cargo.
El segundo eslabón de la entrega involucra de forma directa al matrimonio compuesto por la ex funcionaria municipal de 9 de Julio, María Victoria Caillava, y el capitán de navío retirado de la Armada, Carlos Guido Pérez. Ambos asistieron al almuerzo en la casa de la abuela Catalina y se convirtieron en sospechosos principales tras detectarse rastros biológicos de Loan en los vehículos de su propiedad. Los investigadores presumen que la pareja actuó como el nexo logístico para sacar al nene del perímetro rural.
Complicidad policial y el desvío de la causa
El quiebre inicial de la investigación local estuvo marcado por la actuación del ex comisario de la localidad de 9 de Julio, Walter Maciel. Su imputación dentro de este bloque principal responde a haber plantado pruebas falsas —como un botín del menor en un lodazal alejado— y haber demorado los protocolos de búsqueda nacionales e internacionales para facilitar la huida de los captores. Maciel llega al juicio procesado por encubrimiento agravado y destrucción de elementos probatorios.
El debate oral unificado pondrá bajo la lupa judicial lo que la fiscalía denomina "un pacto de silencio cruel". A lo largo de las audiencias, se prevé la declaración de más de 160 testigos que intentarán reconstruir los movimientos exactos del vehículo de Pérez y Caillava, así como las llamadas cruzadas entre los detenidos durante las primeras horas críticas posteriores a la desaparición.
La estructura paralela: falsos peritos y la pista Dupuy
La segunda parte de este megajuicio involucra a diez personas asociadas a maniobras de entorpecimiento y manipulación de testigos. Este grupo operó semanas después del hecho bajo la fachada de la "Fundación Lucio Dupuy", alojando a los primos menores de Loan y a sus madres en un hotel local donde les impidieron tener contacto libre con la policía y la justicia ordinaria.
"Texto textual relevante" “Estamos llegando a un debate oral y público para saber qué hicieron con Loan, eso es lo que todos estamos esperando”, sostuvo el fiscal federal Carlos Schaefer con respecto al inicio de las audiencias preliminares que unificaron los expedientes de ambas causas.
El líder de este pelotón secundario es Nicolás Gabriel Soria, conocido mediáticamente como “El Americano” o “El Yanqui”. Soria fue detenido tras presentarse falsamente ante las autoridades como agente de inteligencia extranjero y resistirse a los controles de las fuerzas de seguridad federales. Junto a él, comparecerán los abogados Elizabeth Cutaia, Alan Cañete y Delfina Taborda, acusados de violar el secreto profesional y de presionar a Laudelina Peña —tía de Loan— para que instalara la falsa hipótesis de un accidente de tránsito.
El entramado de profesionales procesados
La nómina de los diez imputados por el desvío de la investigación se completa con psicólogos y supuestos asesores técnicos: Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni, Leonardo Rubio y el psicólogo Federico Rossi Colombo. Las imputaciones para este sector son variadas e incluyen privación ilegítima de la libertad, estafa calificada, falso testimonio, usurpación de títulos y suministro gratuito de estupefacientes, debido a la medicación sin receta administrada a los testigos retenidos en el hotel.
La jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, impulsó la elevación en bloque al considerar que las acciones de este grupo no fueron aisladas, sino parte de una estrategia deliberada para contaminar los testimonios de los niños que estuvieron en el naranjal. Al unificar los dos expedientes, el Tribunal busca optimizar los tiempos procesales y evitar sentencias contradictorias ante un hecho criminal que sigue manteniendo el paradero de Loan bajo absoluta incertidumbre.
De acuerdo con información difundida por: Google Noticias
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