La Justicia Federal de Paraná procesó a un productor agropecuario de Diamante señalado como el presunto cerebro logístico de una organización dedicada al tráfico de cocaína mediante aeronaves clandestinas.
La Justicia Federal de Paraná dictó el procesamiento con prisión preventiva para un conocido productor agropecuario del departamento Diamante, acusado de liderar la estructura logística de una banda narco de alcance internacional. El investigado, que utilizaba como pantalla su actividad en el sector ganadero y la comercialización de maples de huevos, está señalado por coordinar el aterrizaje de aeronaves clandestinas provenientes de Paraguay cargadas con importantes cargamentos de cocaína.
La resolución, firmada por el juez federal Leandro Ríos, alcanzó también a otros tres eslabones de la organización delictiva, quienes quedaron imputados por el delito de comercio de estupefacientes agravado por la participación de tres o más personas. Las pruebas recolectadas por la Policía Federal Argentina (PFA) exponen cómo el imputado principal utilizaba sus propios campos y sus conocimientos de la zona rural entrerriana para garantizar el despliegue de los vuelos ilegales.
La fachada legal y los códigos de la organización
El núcleo de la investigación penal gira en torno a la figura del productor rural entrerriano, cuya actividad comercial habitual servía para enmascarar los movimientos financieros y los desplazamientos de la banda. De acuerdo con las intervenciones telefónicas incorporadas al expediente judicial, los integrantes de la red delictiva empleaban un lenguaje cifrado de carácter comercial para coordinar las operaciones de narcotráfico sin levantar sospechas en los controles rutinarios.
"Traé los maples y revisá cómo están los novillitos", era una de las directivas recurrentes detectadas por las agencias de seguridad durante las escuchas directas. Los investigadores judiciales lograron determinar que la mención a los elementos agropecuarios no guardaba relación con la producción biológica del establecimiento, sino que operaba como un código estricto para referirse a los bultos de estupefacientes y a la preparación de las pistas de aterrizaje improvisadas en los campos de la región.
El despliegue de las fuerzas de seguridad federales permitió interceptar una de las entregas aéreas clave en un camino rural del distrito Palmar, a pocos kilómetros de la Ruta Provincial 11. En ese operativo, el personal policial logró el secuestro de un cargamento de 420 kilogramos de cocaína de alta pureza, fraccionados en panes que exhibían logos de marcas internacionales, un sello habitual utilizado por los carteles proveedores de la región andina para certificar la calidad de la sustancia.
Rutas aéreas y la logística del narcotráfico en Entre Ríos
El expediente judicial detalla que la banda criminal utilizaba una ruta aérea consolidada que conectaba pistas clandestinas ubicadas en el Chaco paraguayo con los campos del oeste de la provincia de Entre Ríos. Las aeronaves utilizadas, principalmente bimotores con matrículas adulteradas o suprimidas, realizaban vuelos a baja altura para evitar la detección de los radares del sistema de control aeroespacial nacional, aprovechando la geografía ondulada de los campos de Diamante y Victoria.
La función del ruralista procesado resultaba indispensable para el éxito de la maniobra delictiva, ya que no solo proveía las parcelas de tierra aptas para el descenso de los aviones, sino que además coordinaba el reabastecimiento de combustible aeronáutico en territorio nacional. Una vez que la mercadería tocaba suelo entrerriano, los cargamentos eran transferidos en cuestión de minutos a camionetas de alta gama equipadas con dobles fondos para su posterior distribución hacia los centros urbanos de Rosario y Buenos Aires.
Las pericias tecnológicas realizadas sobre los teléfonos celulares incautados a los imputados revelaron coordenadas geográficas precisas, mapas de navegación aérea digital y registros de pagos efectuados en moneda extranjera a los pilotos. Los investigadores policiales constataron que la organización contaba con una red de apoyo local encargada de alertar sobre los movimientos de las patrullas rurales de la policía provincial en los accesos a los campos bajo investigación.
Antecedentes penales y el impacto en la comunidad local
El procesamiento del productor agropecuario generó una fuerte repercusión en el ámbito comunitario y comercial del departamento Diamante, donde el investigado mantenía una activa participación en cooperativas agropecuarias y entidades intermedias del sector. El entramado patrimonial del principal acusado comenzó a ser auditado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) ante la sospecha de que las ganancias del narcotráfico eran canalizadas mediante la compra de hacienda y maquinaria agrícola de última generación.
La causa cuenta con antecedentes inmediatos que vinculan a esta organización con un ala delictiva que operaba en la provincia de Santa Fe. Los peritajes balísticos y los cruces de llamadas telefónicas sugerían conexiones directas con segundas líneas de bandas criminales que disputan el territorio en el cordón industrial del Gran Rosario, evidenciando la diversificación de los canales de provisión de sustancias que utilizan el corredor de la Ruta Nacional 34 y la hidrovía del río Paraná.
El juez Ríos dispuso el embargo preventivo de los bienes muebles e inmuebles de todos los procesados por una suma millonaria, buscando garantizar la cobertura de las futuras costas del proceso judicial y las multas contempladas en la Ley de Estupefacientes. Las defensas técnicas de los imputados apelaron la prisión preventiva dictada por el magistrado, argumentando la falta de peligrosidad procesal, un planteo que deberá ser resuelto por la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná en las próximas semanas mientras se define la elevación de la causa a juicio oral.
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