El Colegio de la Magistratura y la Función Judicial de Santa Fe emitió un duro comunicado en defensa de la independencia del Poder Judicial, tras los cuestionamientos públicos de la vocera provincial, Virginia Coudannes, hacia una jueza que anuló un procedimiento policial basado en inteligencia artificial.
La tensión institucional entre el gobierno de la provincia de Santa Fe y el Poder Judicial escaló significativamente durante las últimas horas. El detonante fue la respuesta formal del Colegio de la Magistratura ante las declaraciones de Virginia Coudannes, vocera gubernamental, quien la semana pasada arremetió nominalmente contra la jueza de Menores, María Dolores Aguirre Guarrochena. La magistrada había declarado nulo e inválido un allanamiento ejecutado por la Policía de Investigaciones (PDI) tras considerar que el procedimiento carecía de los fundamentos legales necesarios, a pesar de haberse apoyado en el sistema "Lince", una plataforma de inteligencia artificial aplicada a la seguridad que es eje central de la política criminal del gobierno provincial.
El conflicto desnuda una fricción profunda sobre los límites del Poder Ejecutivo al evaluar las decisiones de los jueces. Mientras la administración provincial sostiene que sus herramientas de seguridad son "robustas" y "jurídicamente avaladas", el Poder Judicial exige que cualquier disconformidad con un fallo sea canalizada mediante las herramientas procesales tradicionales, evitando la exposición pública que, a su entender, erosiona la independencia del sistema democrático.
La respuesta de los jueces ante la descalificación pública
El comunicado emitido por el Consejo Directivo Provincial del Colegio de Magistrados no dejó lugar a interpretaciones ambiguas. Los magistrados calificaron las expresiones de la vocera como "incompatibles con el trato que merecen quienes integran uno de los Poderes del Estado". Para la institución, los dichos de Coudannes exceden el umbral de la crítica razonable y se transforman en una descalificación que atenta contra el ejercicio jurisdiccional.
"Nuestra institución considera que las discrepancias que eventualmente puedan mantenerse con las resoluciones dictadas por juezas y jueces deben canalizarse por las vías procesales legalmente previstas", señalaron en el documento. Este planteo apunta directamente a la estrategia gubernamental de llevar las diferencias judiciales al terreno de la opinión pública. La cúpula de magistrados fue enfática al advertir que "no es mediante la disputa mediática que deben encararse las soluciones a temas que afectan fibras sensibles de nuestra sociedad", subrayando que el Estado de Derecho requiere de un respeto irrestricto hacia la autonomía de cada poder, incluso cuando los resultados de los fallos no satisfacen las expectativas del Ejecutivo.
El origen del conflicto: inteligencia artificial y flagrancia virtual
El caso que disparó la controversia tuvo lugar tras un ataque a tiros contra un inmueble ubicado en Entre Ríos al 6200. Según el relato de las autoridades, dos sospechosos que circulaban en bicicleta efectuaron múltiples disparos contra la vivienda antes de retornar a su punto de partida. A partir de allí, el sistema "Lince" —una herramienta de videovigilancia con análisis automatizado de imágenes— permitió a la PDI reconstruir el trayecto de los atacantes en apenas 12 horas.
Con la información obtenida, las fuerzas de seguridad ejecutaron un allanamiento en una vivienda de calle España al 7000, invocando la figura de "flagrancia virtual", un concepto que, según el Ejecutivo, permite aplicar herramientas del Código Procesal Penal cuando un delito es reconstruido inmediatamente mediante tecnología. En dicho procedimiento fue detenido un joven de 17 años. Sin embargo, al llegar el caso a los estrados judiciales, la jueza Aguirre Guarrochena invalidó todo lo actuado, desmoronando la pretensión punitiva inmediata que el gobierno había publicitado como un éxito de su gestión de seguridad.
La reacción de la vocera no se hizo esperar. En una conferencia de prensa, Coudannes cuestionó la formación de la magistrada y lanzó una frase que encendió la polémica: “Si los delincuentes son tan buenos, que se los lleven a sus casas”. Además, planteó que la resolución de la jueza denotaba un desconocimiento del sistema tecnológico o una omisión deliberada, y remató advirtiendo que “una mirada garantista no puede estar por encima de las herramientas legales para combatir el delito”.
Contexto: el choque entre garantismo y política de seguridad
La disputa actual en Santa Fe es un síntoma de un debate más amplio que atraviesa a la justicia argentina: el equilibrio entre la celeridad necesaria para combatir la inseguridad y el respeto por las garantías constitucionales. Para el gobierno santafesino, la tecnología aplicada a la seguridad —el sistema Lince— es un activo fundamental que debería agilizar las detenciones y reducir la impunidad. En esa línea, consideran que cualquier traba judicial es un obstáculo a la "convivencia ciudadana".
Por el contrario, los operadores judiciales recuerdan que la validez de un procedimiento no depende exclusivamente de la eficacia de una herramienta tecnológica, sino del respeto a los derechos procesales que protegen a los ciudadanos ante el poder punitivo del Estado. La crítica del Ejecutivo hacia la jueza se enmarca en un escenario donde el Poder Ejecutivo busca resultados rápidos para mostrar frente a una sociedad golpeada por la violencia, mientras que el Poder Judicial, desde su perspectiva, debe resguardar el debido proceso, aun cuando eso signifique dejar sin efecto una detención que el Gobierno considera exitosa.
El Colegio de Magistrados, al salir en defensa de su colega, reafirmó una postura histórica: el terreno para discutir la validez de las pruebas y la legalidad de los allanamientos es el tribunal, mediante apelaciones, y no los micrófonos. La pregunta que queda flotando es si esta controversia es un episodio aislado o si marca el inicio de una escalada mayor en la relación entre el gobierno provincial y la justicia local, en un contexto donde los delitos complejos y la violencia urbana siguen exigiendo respuestas institucionales coordinadas que, al menos por ahora, parecen estar lejos de alcanzarse.
De acuerdo con información difundida por: La Capital
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