El juez federal Daniel Rafecas rechazó fijar fecha para la declaración del diputado y ordenó profundizar la recolección de pruebas y peritajes contables antes de resolver su situación procesal.
La investigación judicial que involucra al diputado provincial por La Plata, Francisco Adorni, continuará en la etapa de instrucción por determinación de los tribunales federales de Comodoro Py. El juez federal Daniel Rafecas resolvió postergar el tratamiento del pedido de declaración indagatoria que había formulado formalmente el fiscal Guillermo Marijuan. Con esta medida, el magistrado dispuso que el expediente sea remitido nuevamente al Ministerio Público Fiscal para profundizar la producción de prueba y la recolección de testimonios antes de adoptar una decisión definitiva sobre la situación procesal del legislador bonaerense.
La resolución judicial modifica los plazos que manejaban las partes en los pasillos de los tribunales de Retiro. La solicitud de indagatoria presentada por el fiscal se sustentaba en una serie de inconsistencias detectadas en la administración de contratos públicos y en la asignación de partidas presupuestarias del ámbito legislativo, un entramado que comenzó a investigarse a partir de denuncias anónimas y auditorías preliminares sobre el manejo de fondos asignados a contrataciones de personal en la provincia de Buenos Aires.
A partir de este nuevo dictamen del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3, la fiscalía a cargo de Marijuan deberá diseñar un nuevo esquema de medidas de prueba que complemente los elementos informáticos y documentales secuestrados en las etapas previas del proceso. La decisión de Rafecas apunta a garantizar la solidez técnica del requerimiento, evitando posibles nulidades procesales que las defensas técnicas suelen interponer cuando consideran que las imputaciones carecen de un sustento fáctico exhaustivo o de peritajes contables definitivos.
Las razones de Rafecas para profundizar la producción de prueba
El juez Daniel Rafecas fundamentó la postergación del trámite en la necesidad de contar con un análisis pericial más riguroso sobre los flujos de dinero y las planillas de asistencia de los empleados bajo sospecha. Para el magistrado, la fijación de una audiencia indagatoria representa un acto de alta significación procesal que exige la existencia de elementos de convicción unívocos, algo que, según el criterio del juzgado, todavía requiere de mayores precisiones técnicas por parte de los peritos contables de la Corte Suprema.
La instrucción de la causa penal se focaliza en determinar si existieron desvíos sistemáticos de fondos destinados al pago de asesores legislativos en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Los investigadores buscan verificar si los titulares de esas contrataciones efectivamente prestaban servicios en las dependencias estatales o si, por el contrario, se trataba de una estructura de recaudación informal mediante el cobro de haberes de empleados que nunca cumplían funciones en sus puestos, una modalidad delictiva que la justicia federal viene persiguiendo con especial rigor en el último año.
"La producción de prueba debe ser exhaustiva para determinar el grado de responsabilidad directa del imputado en la firma de las designaciones", explicaron fuentes judiciales con acceso directo al expediente. El juzgado busca cruzar los registros de llamadas telefónicas, las geolocalizaciones de los involucrados y los movimientos bancarios de las cuentas sueldo asociadas a los contratos observados por la auditoría interna antes de convalidar el llamado a declaración del dirigente político.
El impacto político en la provincia y los antecedentes de la causa
La decisión del fuero federal genera repercusiones inmediatas en el armado legislativo de la ciudad de La Plata y en la interna de los bloques opositores de la provincia de Buenos Aires. Francisco Adorni, quien asumió su banca con un discurso centrado en la transparencia institucional y la optimización del gasto público, enfrenta ahora un escenario de desgaste prolongado mientras dure la prórroga de la instrucción ordenada por el juez Rafecas.
Los antecedentes de la investigación se remontan a mediados del año pasado, cuando se detectaron irregularidades en la emisión de tarjetas de débito institucionales y en el cobro de haberes por ventanilla en sucursales bancarias del centro platense. Aquellos hallazgos iniciales motivaron la apertura de un expediente que tramitó inicialmente en la justicia ordinaria antes de ser atraído por el fuero federal de Comodoro Py, debido a la presunta afectación de recursos coparticipables y la posible comisión de delitos de competencia nacional.
El entorno del diputado provincial insiste en que las acusaciones forman parte de una maniobra de persecución política orientada a esmerilar su proyección electoral en la octava sección electoral. Sin embargo, los dictámenes de la fiscalía señalan que las inconsistencias documentales encontradas en las oficinas de administración legislativa superan los meros errores administrativos, configurando indicios prima facie de una presunta malversación de caudales públicos y fraude en perjuicio de la administración pública.
Los próximos pasos procesales de la fiscalía de Marijuan
Con el expediente nuevamente en su órbita, el fiscal Guillermo Marijuan acelerará la convocatoria a testigos clave que formaron parte de las áreas de recursos humanos de la legislatura bonaerense. El objetivo del Ministerio Público es robustecer la imputación original mediante la incorporación de auditorías informáticas sobre los correos electrónicos institucionales y los sistemas de carga de datos de la Cámara de Diputados provincial, herramientas fundamentales para trazar la cadena de responsabilidades jerárquicas.
El cronograma de la investigación judicial prevé la realización de un peritaje caligráfico sobre las firmas plasmadas en los contratos y en los formularios de toma de posesión de los cargos en conflicto. Estas medidas demandarán varios meses de tramitación, lo que garantiza que la resolución sobre la culpabilidad o el sobreseimiento de Adorni se postergará hasta el próximo año, extendiendo la incertidumbre sobre el futuro de su carrera política en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.
La extensión de los plazos procesales obligará también a las autoridades del bloque legislativo a evaluar la continuidad del diputado en las comisiones estratégicas que integra, especialmente en aquellas vinculadas al control presupuestario y la revisión de cuentas públicas. El debate sobre el desafuero o la suspensión preventiva de los legisladores investigados por hechos de corrupción vuelve a instalarse así en la agenda pública de una provincia que arrastra un historial complejo de causas judiciales ligadas al financiamiento de la política territorial.
De acuerdo con información difundida por: LETRA P
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