Bettina Angeletti, cónyuge del jefe de Gabinete, formalizó su adhesión al mecanismo de sinceramiento tributario el pasado 31 de mayo, en medio de la causa judicial que investiga al funcionario por presunto enriquecimiento ilícito.
La noticia del ingreso de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni, al régimen de “inocencia fiscal” (Ley 27.799) ha generado una renovada atención sobre el patrimonio de la familia del funcionario. Según registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la adhesión fue formalizada el 31 de mayo de 2026, una medida que permite declarar ingresos y activos no exteriorizados previamente sin incurrir en sanciones penales ni cargar con antecedentes impositivos.
Este movimiento ocurre en un contexto de alta sensibilidad política y judicial. Angeletti, quien figura en los registros como trabajadora autónoma (categoría T2), ha sido foco de escrutinio desde que la Justicia comenzó a investigar al matrimonio por presuntas irregularidades en sus operaciones inmobiliarias y otros gastos personales. La regularización, si bien es una herramienta legal contemplada en la normativa vigente, plantea interrogantes sobre el origen de los fondos no declarados y el impacto narrativo para un gobierno que ha hecho de la transparencia y la austeridad sus pilares fundamentales.
Un régimen bajo secreto fiscal
El alcance de la adhesión de Angeletti permanece protegido por el secreto fiscal. La constancia de regularización no detalla montos comprometidos, la naturaleza de los activos exteriorizados ni las razones específicas detrás de esta decisión. A diferencia de las declaraciones juradas convencionales, este mecanismo funciona como una suerte de “borrón y cuenta nueva” para contribuyentes que operaron en la economía gris, ofreciendo un marco de protección a cambio de la normalización impositiva.
Expertos señalan que la adhesión al régimen es particularmente llamativa por la simultaneidad de su formalización en los impuestos al valor agregado (IVA) y ganancias, iniciada en octubre de 2025. Este desfase temporal entre su actividad declarada como autónoma y el volumen de gastos detectados por la Justicia —como sus movimientos en viajes al exterior y adquisiciones inmobiliarias— constituye el eje central de las investigaciones en curso.
La lupa de la Justicia sobre el patrimonio familiar
El ingreso al régimen de inocencia fiscal se produce mientras el fiscal Gerardo Pollicita y diversos juzgados federales avanzan en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete. El patrimonio de los Adorni ha sido objeto de minuciosa revisión, incluyendo la compra de un departamento en el barrio de Caballito. Según consta en expedientes judiciales, la operación se realizó con una entrega inicial de US$30.000 en efectivo y una hipoteca tomada con las vendedoras, quienes —según informes— poseían una situación económica que generó sospechas sobre la veracidad de la transacción.
En paralelo, la figura de Angeletti ha sido mencionada reiteradamente en el Congreso. Durante una sesión informativa, legisladores de la oposición presentaron una reconstrucción de sus viajes y gastos, denunciando supuestos privilegios en el uso de recursos estatales. Aunque el Ejecutivo ha salido al cruce de estas acusaciones calificándolas de espionaje ilegal, la información judicial sobre el estilo de vida de la pareja continúa alimentando una tensión política constante.
Impacto en el relato oficial de austeridad
Para el Gobierno, la situación presenta una contradicción compleja. Manuel Adorni ha sido el principal portavoz de la administración en materia de control del gasto público y lucha contra la corrupción. La regularización de activos por parte de su entorno más íntimo, en la antesala de una declaración jurada que deberá ser exhaustiva, debilita el mensaje de integridad que el funcionario sostiene diariamente frente a la prensa.
La pregunta que resuena en Comodoro Py es si esta adhesión al régimen de inocencia fiscal es suficiente para cerrar los interrogantes sobre el incremento patrimonial, o si, por el contrario, confirma la existencia de ingresos que, hasta el momento, no tenían un sustento trazable y legítimo. Mientras la Justicia continúa levantando secretos fiscales sobre cuentas bancarias y declaraciones ante la ARBA, la situación de la familia Adorni se mantiene como uno de los puntos más críticos de la agenda judicial de 2026.
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