El titular de la agencia recaudadora, Andrés Vázquez, y el secretario Juan Pazo se inscribieron en el régimen que limita las fiscalizaciones del Estado.
La implementación del Régimen Simplificado de Ganancias, denominado oficialmente como "Inocencia Fiscal", sumó en las últimas horas a nuevos funcionarios de primera línea del Gobierno entre sus beneficiarios. La incorporación de Andrés Vázquez, actual director de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), y de Juan Pazo, secretario de Planeamiento y Desarrollo Productivo, generó un fuerte impacto político debido a que este último fue el principal ideólogo y redactor de la normativa en cuestión.
El sistema fue concebido originalmente bajo la premisa de simplificar la carga impositiva y presumir la buena fe de los contribuyentes. Sin embargo, la normativa restringe de manera severa la capacidad de fiscalización del propio organismo recaudador del Estado. Al ampararse en este régimen, los beneficiarios logran que la administración pública deba asumir la carga de la prueba ante cualquier inconsistencia tributaria, limitando las auditorías por discrepancias significativas.
Con estas nuevas inscripciones, la lista de integrantes del oficialismo que accedieron al beneficio regulado por el propio Poder Ejecutivo continúa expandiéndose. Entre los antecedentes inmediatos de funcionarios adheridos se encuentran el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el diputado oficialista José Luis Espert; el entorno del asesor presidencial Santiago Caputo y colaboradores directos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Las causas judiciales y el rol del organismo recaudador
La inclusión de Andrés Vázquez en el listado de "Inocencia Fiscal" encendió alarmas en los tribunales federales de Comodoro Py. El actual jefe de la agencia de recaudación arrastra un complejo frente penal que es investigado de cerca por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi. La causa se centra en la presunta existencia de departamentos no declarados en Miami, Estados Unidos.
De acuerdo con los expedientes judiciales en curso, estas propiedades estarían valuadas en más de dos millones de dólares y habrían sido adquiridas a través de estructuras societarias radicadas en las Islas Vírgenes Británicas. La coincidencia entre el funcionario encargado de dirigir la política de control fiscal del país y su adhesión a un régimen que reduce los controles sobre su propio patrimonio generó duras críticas en el arco político y en el periodismo de investigación.
Por su parte, la situación de Juan Pazo profundiza el debate ético dentro de la administración pública. El actual secretario de Planeamiento y Desarrollo Productivo figura en los registros oficiales como uno de los primeros altos mandos del Poder Ejecutivo en solicitar formalmente los beneficios impositivos del sistema que él mismo diseñó y redactó desde su despacho, configurando un escenario de autofiscalización laxa.
El proyecto de la Casa Rosada para ampliar el régimen
A pesar de las repercusiones negativas y el costo político de las revelaciones, la Casa Rosada ratificó de forma integral el rumbo de su política impositiva. Lejos de limitar el alcance de la normativa ante las sospechas de blindaje patrimonial de sus funcionarios, el Poder Ejecutivo envió recientemente un nuevo proyecto de ley al Congreso de la Nación con el objetivo explícito de profundizar y extender las fronteras de la "Inocencia Fiscal".
La iniciativa legislativa busca eliminar por completo los topes de ingresos máximos y los límites patrimoniales que el texto original redactado por Pazo establecía para los contribuyentes. De aprobarse esta modificación en ambas cámaras del Parlamento, los beneficios que restringen las auditorías del Estado se extenderán de manera legal a las mayores fortunas del país, consolidando la estrategia que ya utilizaron las máximas autoridades económicas de la Nación.
El argumento oficial para sostener la ampliación se basa en la necesidad de generar previsibilidad y atraer inversiones, reduciendo lo que el Gobierno considera una persecución fiscal histórica sobre los capitales privados. Sin embargo, sectores de la oposición y especialistas en derecho tributario señalan que la reforma debilita las herramientas básicas del Estado para combatir la evasión fiscal y el lavado de dinero en los sectores de mayor poder adquisitivo.
De acuerdo con información difundida por : elDiarioAR.com
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