Registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirman que altos funcionarios, asesores estratégicos y figuras cercanas al oficialismo adhirieron al régimen simplificado de Ganancias, una herramienta de regularización impositiva que el propio Gobierno presentó como uno de sus mayores logros de gestión.
La nómina de quienes optaron por este beneficio, amparado en la Ley 27.799, incluye nombres de peso en la estructura libertaria: desde el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, hasta el propio jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pasando por asesores clave del Ministerio de Economía y del círculo íntimo de Santiago Caputo.
El alcance del régimen en la estructura oficial
La Ley de Inocencia Fiscal fue publicitada por el Poder Ejecutivo como una norma histórica orientada a la simplificación tributaria. Sin embargo, los documentos obtenidos de la base de datos de ARCA muestran una particularidad: los funcionarios que más elogiaron la medida fueron, en paralelo, quienes realizaron los trámites para ingresar al sistema en los meses previos a que la información trascendiera públicamente.
El esquema permite tres beneficios técnicos fundamentales para los contribuyentes: la simplificación administrativa, el establecimiento de un "tapón fiscal" —que bloquea la capacidad de ARCA para realizar auditorías sobre períodos impositivos anteriores— y la posibilidad de regularizar activos no declarados sin activar los mecanismos de un blanqueo formal.
La secuencia de adhesiones comenzó meses atrás, con figuras de confianza del presidente Javier Milei. Santiago Oría, documentalista oficial, realizó el trámite el 6 de abril, seguido por Antonio Aracre, economista y conductor en la TV Pública, el 21 de abril. Posteriormente, la lista se amplió con nombres de gestión directa: Federico Sturzenegger (7 de mayo), Aimé Ayelén Vázquez (20 de mayo), Manuel Vidal (29 de mayo) y Felipe Núñez (1 de junio), entre otros.
La cronología de las adhesiones y los perfiles de los funcionarios
El análisis de las constancias de inscripción permite observar una dinámica acelerada en la adopción del régimen. Un caso que ilustra esta tendencia es el de Aimé Ayelén Vázquez, titular de la Unidad Gabinete de Asesores de Adorni. Según los registros, la funcionaria se inscribió como autónoma en febrero de 2026 y, apenas tres meses después, ya había concretado su adhesión al régimen simplificado.
Por su parte, el ministro Federico Sturzenegger, pieza central en la arquitectura del modelo económico libertario, formalizó su ingreso el 7 de mayo. Los documentos de ARCA indican que su actividad principal declarada es la de "servicios inmobiliarios con bienes urbanos propios", una actividad incorporada al sistema impositivo en julio de 2024, coincidiendo con el inicio de sus funciones en el Ejecutivo.
En la lista también figuran nombres vinculados a la administración financiera y a la gestión política de alto nivel. Felipe Núñez, quien se desempeña como director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y es asesor directo del ministro de Economía, Luis Caputo, se adhirió el 1 de junio. Pocos días después, el 9 de junio, fue el turno de José Luis Espert, el ex diputado nacional que impulsó la norma en el Congreso, seguido el 10 de junio por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El impacto de la medida frente a las causas judiciales
La adhesión al régimen cobró una relevancia adicional dado el contexto judicial que atraviesan algunos integrantes del Gobierno. En el caso de Adorni, su ingreso al sistema de "Inocencia Fiscal" se produjo mientras la Justicia mantiene abierta una investigación sobre su patrimonio ante sospechas de presunto enriquecimiento ilícito.
Contadores públicos consultados señalan que la utilización de este mecanismo por parte de funcionarios de alto rango genera un debate ético y legal sobre el uso de leyes propias para la cobertura impositiva personal. "El régimen funciona como un escudo", explicaron especialistas en la materia, al señalar que la imposibilidad de revisar períodos pasados ofrece una protección significativa ante cualquier eventualidad judicial o fiscal.
Este frente, que comenzó a tomar notoriedad pública tras conocerse la adhesión de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, el pasado 31 de mayo, ha puesto bajo la lupa la relación entre la política de desregulación impulsada por el Ejecutivo y el uso que sus propios funcionarios hacen de las herramientas legales que ellos mismos diseñan e implementan. Hasta el momento, el Gobierno sostiene la legalidad de la maniobra, mientras la oposición y diversos sectores sociales cuestionan la transparencia del procedimiento en funcionarios que gestionan la cosa pública.
De acuerdo con información difundida por : elDiarioAR.com
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