Freno judicial al parque acuático: la Justicia suspendió las obras por el reclamo ambiental

La Cámara de Apelaciones dictó una medida cautelar que paraliza la construcción del complejo recreativo hasta que se evalúe el impacto hídrico en la región.

La construcción del proyectado parque acuático metropolitano sufrió un revés determinante. La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo dispuso la paralización inmediata de todos los trabajos de infraestructura en el predio lindero al río, al hacer lugar a un recurso de amparo presentado por organizaciones vecinales y agrupaciones ecologistas locales. La resolución judicial congela el avance de una obra que prometía una inversión millonaria pero que acumulaba severos cuestionamientos por su viabilidad ambiental.

El fallo interrumpe las tareas de movimiento de suelos y canalización que la empresa desarrolladora venía ejecutando desde principios de este año. Los magistrados consideraron que existían indicios suficientes de riesgo ambiental tutelable, priorizando el principio de prevención sobre los plazos comerciales de la firma adjudicataria. De este modo, el conflicto territorial ingresa en una etapa de definición técnica que requerirá la intervención de peritos universitarios independientes.

Las razones técnicas detrás de la clausura preventiva

La controversia judicial se centró en la alteración de las dinámicas de absorción del suelo en un sector considerado clave para la contención de crecidas del río. De acuerdo con el informe preliminar de las organizaciones demandantes, la impermeabilización de más de doce hectáreas mediante la colocación de hormigón y estructuras plásticas reduciría de manera drástica la capacidad de drenaje natural, elevando el peligro de anegamientos en los barrios residenciales ubicados en las zonas topográficas más bajas de la localidad.

"La resolución de la Cámara pone un límite razonable a un proyecto que avanzaba sin las autorizaciones sectoriales correspondientes en materia de recursos hídricos", explicaron fuentes vinculadas al patrocinio legal de los vecinos. Los peritajes presentados en la causa sugieren que las obras civiles en ejecución modificaban el curso natural de escurrimiento de los arroyos secundarios, un aspecto que no habría sido ponderado adecuadamente en las instancias previas de aprobación municipal.

La documentación recabada en el expediente judicial revela que el Municipio había otorgado una prefactibilidad del suelo en el año 2024, basada en indicadores de zonificación urbana tradicionales. Sin embargo, los jueces determinaron que dicha autorización preliminar carecía de un Estudio de Impacto Ambiental integral y acumulativo, omitiendo evaluar las consecuencias que el complejo recreativo generaría sobre la red de infraestructura pluvial existente y sobre el suministro de agua potable de las comunas vecinas.

El impacto económico del proyecto y la respuesta de los desarrolladores

La parálisis de las obras abre un panorama de fuerte incertidumbre financiera para el consorcio empresarial a cargo del desarrollo recreativo. El plan original contemplaba una inversión directa inicial de 15 millones de dólares para la primera etapa del complejo, orientada a la instalación de piscinas terapéuticas, toboganes de alta velocidad y un sector gastronómico con capacidad para albergar a más de 4.000 visitantes diarios durante la temporada alta de turismo.

Desde la representación jurídica de la firma constructora manifestaron su disconformidad con los términos de la medida cautelar y adelantaron que presentarán un recurso extraordinario ante el máximo tribunal provincial. La empresa argumenta que el cese de actividades afecta de manera directa las fuentes de empleo técnico de 150 operarios que se desempeñaban en el predio de forma directa, además de comprometer los contratos celebrados con proveedores internacionales para la provisión del equipamiento electromecánico.

"Hemos cumplido de manera estricta con cada requerimiento burocrático que nos fue exigido por los canales oficiales del Poder Ejecutivo local", señalaron mediante un comunicado corporativo los vocadores del proyecto. La firma sostiene que los cuestionamientos planteados por las ONG carecen de sustento científico y que el complejo contempla la construcción de dos lagunas de retención artificiales diseñadas específicamente para regular el caudal excedente de lluvia, evitando cualquier tipo de colapso en los distritos lindantes.

Antecedentes de ordenamiento territorial y tensiones en el Concejo Deliberante

El debate por la instalación del predio acuático excede los despachos tribunalicios y se constituyó como un eje de fuerte disputa política en el Concejo Deliberante regional. Durante los últimos dieciocho meses, los bloques de la oposición habían intentado sin éxito suspender los indicadores urbanísticos especiales otorgados al consorcio, argumentando que la privatización del uso del suelo en la ribera vulneraba normativas de protección ambiental vigentes desde el año 2018.

Aquella ordenanza de ordenamiento territorial establecía restricciones específicas para las construcciones de gran envergadura en áreas catalogadas como humedales de llanura de inundación. El otorgamiento de excepciones para este megaproyecto de entretenimiento reactivó las alertas de los colectivos profesionales de arquitectos y urbanistas, quienes advirtieron que la flexibilización de los criterios ambientales para inversiones privadas genera un antecedente complejo para el control del uso de los espacios públicos.

La decisión de la Cámara de Apelaciones obliga ahora a las dependencias técnicas del Ministerio de Ambiente provincial a realizar una auditoría de todo el procedimiento administrativo implementado. Las autoridades ambientales deberán determinar si los funcionarios del área técnica incurrieron en omisiones al momento de evaluar el impacto que las perforaciones profundas, necesarias para el llenado de las piletas permanentes, provocarán sobre el acuífero que abastece de agua a la población de la zona.

Cuáles son los escenarios posibles tras la resolución de la Cámara

La continuidad del proyecto lúdico queda supeditada a la resolución del juicio de fondo o a la rectificación total de los estudios de ingeniería por parte de los desarrolladores. Para reactivar el movimiento de maquinarias en el predio, la empresa deberá presentar un nuevo plan de obras que incluya el aval vinculante de la autoridad del agua provincial, un proceso administrativo que, estiman los especialistas del sector constructivo, podría demandar entre seis y ocho meses de tramitación.

Mientras tanto, las organizaciones vecinales celebraron el freno judicial como un triunfo histórico para la preservación de los cordones verdes periféricos de la ciudad. El caso del parque acuático se convirtió en un modelo de referencia para otros conflictos territoriales similares de la región, evidenciando que las demandas de sustentabilidad ambiental empiezan a condicionar de manera efectiva la agenda de inversiones inmobiliarias y de entretenimiento a gran escala en todo el territorio nacional.

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De acuerdo con información difundida por: Versión Rosario