El oficialismo intensifica las gestiones con gobernadores y bloques aliados en la Cámara de Diputados para asegurar la media sanción del régimen de incentivos para inversiones tecnológicas, buscando una victoria política antes del cierre de la fase de grupos del Mundial.
La estrategia del Gobierno nacional para avanzar con el denominado "Super RIGI" entró en su etapa de definiciones. Con la meta fijada para el 24 de junio, el Ejecutivo busca transformar un escenario de incertidumbre parlamentaria en un triunfo legislativo que valide su política de atracción de inversiones extranjeras, centradas fundamentalmente en infraestructura digital e inteligencia artificial.
A pesar de que el oficialismo aún no cuenta con la totalidad de los votos necesarios, el optimismo en la Casa Rosada se apoya en el margen de maniobra que ofrecen las negociaciones con los mandatarios provinciales. El objetivo es claro: conseguir el respaldo parlamentario a cambio de concesiones en el texto original y promesas de asistencia financiera, en un contexto donde el ordenamiento de las cuentas provinciales es la prioridad absoluta para los gobernadores.
El esquema de incentivos y el conflicto con la industria local
El "Super RIGI" se presenta como una versión extendida y sectorializada del régimen de inversiones ya vigente. Entre sus propuestas centrales, contempla la reducción del Impuesto a las Ganancias al 15%, la exención total de derechos de importación y exportación para bienes de capital, y una estabilidad fiscal y cambiaria garantizada por 30 años.
Sin embargo, el punto que más resistencias genera, tanto en la oposición como en sectores aliados, es la ausencia de un piso de contratación para proveedores nacionales. A diferencia del RIGI convencional, este nuevo proyecto permitiría que las empresas importen la totalidad de su cadena de valor. Esta flexibilidad es leída por diversos sectores como una amenaza directa a la industria local y a la generación de empleos genuinos en el país, lo que ha forzado al oficialismo a sentarse a negociar modificaciones.
La mesa de diálogo: entre el "Compre Argentino" y la estabilidad fiscal
Para destrabar el tratamiento en la comisión de Presupuesto, que preside el diputado Bertie Benegas Lynch, el Gobierno ha comenzado a explorar cambios en el articulado. La presión principal proviene de sectores del MID, la UCR y parte del PRO, que exigen la inclusión de cláusulas de "Compre argentino".
El diputado Eduardo Falcone (MID) lidera las tratativas para que el régimen no sea una vía libre a la desindustrialización. Entre las propuestas que circulan, se destaca la exigencia de que los beneficios impositivos, especialmente la rebaja en Ganancias, estén condicionados a inversiones obligatorias en investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i), celebradas mediante convenios con universidades públicas nacionales.
Asimismo, se debate la reducción del plazo de estabilidad jurídica de 30 a 25 años, intentando morigerar el impacto a largo plazo sobre la soberanía legislativa. Otro punto crítico es la exigencia a las provincias de eliminar impuestos a los sellos y establecer topes a los Ingresos Brutos. Muchos gobernadores, como los del Norte —Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil—, advierten que esta imposición asfixia sus alicaídas arcas fiscales, obligando al Ejecutivo a negociar compensaciones, como la reactivación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), para mantener la disciplina del bloque.
Seguridad jurídica y arbitraje extranjero
Un componente que ha generado tanto interés en los inversores como recelo en la oposición es la cláusula de seguridad jurídica. El proyecto estipula que, ante cualquier incumplimiento contractual por parte del Estado nacional, las empresas tendrán la potestad de dirimir los conflictos en tribunales internacionales.
Esta garantía busca despejar las dudas de los grandes capitales respecto a los cambios de color político en futuras administraciones, blindando el contrato durante las tres décadas de vigencia del régimen. Los defensores del proyecto, representados por figuras como Carlos Ormachea, presidente de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos, sostienen que estas condiciones son indispensables para "bajar los riesgos" y viabilizar proyectos que, de otro modo, permanecerían estancados o buscarían destinos más competitivos en la región.
Mientras el Gobierno utiliza el plenario de comisiones para validar el éxito de los regímenes anteriores, la realidad parlamentaria dicta otra cosa: el "Super RIGI" no será aprobado tal como fue enviado. El éxito de la iniciativa dependerá de cuánto esté dispuesto a ceder el oficialismo en la defensa de su redacción original, en favor de una ley que, aunque menos ambiciosa en sus beneficios corporativos, logre obtener el consenso necesario para ver la luz antes de que el calendario electoral comience a absorber toda la atención política.
De acuerdo con información difundida por : elDiarioAR.com
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