Nuevas auditorías ordenadas por el titular del PAMI, Esteban Leguízamo, desnudaron un esquema de irregularidades sistemáticas en las prestaciones de médicos de cabecera que derivó en una denuncia por una defraudación estimada en 700 millones de pesos a la obra social más grande de Latinoamérica.
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) oficializó las denuncias penales tras detectar expedientes donde los profesionales facturaban una cantidad de consultas y prácticas médicas humanamente imposibles de realizar en los lapsos declarados. Las maniobras, que se concentraron principalmente en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Chaco, pusieron bajo la lupa a siete profesionales, cuyas liquidaciones ya están siendo retenidas preventivamente por el organismo para evitar que el perjuicio fiscal continúe escalando.
El modus operandi: facturación masiva e inconsistencia horaria
La mecánica del fraude se fundamenta en un patrón de comportamiento repetitivo y estadísticamente inverosímil. Los auditores del PAMI compararon los datos declarados por los médicos sobre sus horas de atención en los centros de salud con el volumen de órdenes emitidas en el sistema. Los resultados arrojaron brechas significativas que, en los casos más extremos, revelaron el cobro de prácticas realizadas supuestamente sobre miles de pacientes que residían en jurisdicciones geográficamente distantes al consultorio del profesional.
Uno de los casos más resonantes, que derivó en un allanamiento reciente de la Policía Federal Argentina (PFA) en la localidad santafesina de Acebal, involucra a un cardiólogo identificado como M. G. A. Según los registros internos del instituto, el especialista facturó haber atendido a más de 5.000 afiliados y haber efectuado más de 50.000 estudios durante el periodo comprendido entre 2023 y 2025. La irregularidad central, además de la cantidad desorbitada de prestaciones, reside en que una parte sustancial de esos pacientes ni siquiera vivía cerca de su área de cobertura profesional, lo que disparó las alertas de los equipos de control de gestión.
De los 700 millones de pesos que se estiman como perjuicio total, el PAMI ya había abonado cerca de 580 millones antes de que las auditorías detectaran la anomalía. Ante la gravedad de la situación, el organismo no solo procedió a la suspensión de los pagos, sino que avanzó con rescisiones contractuales inmediatas y presentaciones judiciales para recuperar los fondos públicos malversados.
Auditorías permanentes y el impacto en el sistema de salud
Este hallazgo se enmarca en una política de auditorías más agresiva implementada por la actual gestión del PAMI, que busca sanear las cuentas del organismo mediante el control cruzado de datos. La cúpula del instituto ha señalado en reiteradas ocasiones que el objetivo es garantizar la calidad de la atención médica para los jubilados, asegurando que los recursos limitados lleguen efectivamente a los prestadores que cumplen con sus obligaciones y no se desvíen a través de circuitos de facturación apócrifa o sobrefacturación.
El impacto social de este tipo de maniobras es severo, ya que la malversación de recursos no solo afecta el presupuesto de la obra social, sino que también atenta contra la eficiencia operativa del sistema. Cuando un profesional utiliza el sistema de gestión para simular prácticas inexistentes, se generan errores en los registros médicos, se duplican trámites administrativos y se distorsiona la trazabilidad de la salud de los beneficiarios. La justicia ahora deberá determinar el alcance de las responsabilidades individuales de los siete médicos señalados, mientras se espera que la investigación se extienda hacia posibles nexos administrativos que permitieron la validación de tales facturaciones durante casi tres años.
La retención de pagos y las denuncias penales funcionan, por el momento, como la medida de choque principal para cortar el flujo de dinero. El desafío del PAMI hacia adelante es consolidar un sistema de alertas tempranas que impida que este tipo de irregularidades ocurran en el futuro, automatizando los controles de capacidad máxima de atención para evitar que los números de facturación se desvíen de la realidad asistencial.
De acuerdo con información difundida por: Google Noticias
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