La Justicia laboral de Rosario falló a favor de un trabajador de la salud despedido sin causa justa y desestimó los argumentos de la institución, que no logró acreditar las faltas invocadas para finalizar el vínculo laboral tras casi tres décadas de servicio.
En un fallo que sienta un precedente sobre la carga de la prueba en los despidos disciplinarios, el juez Gustavo Burgio, titular del Tribunal de Trabajo de Rosario, condenó a la Casa del Médico Mutual a abonar una indemnización integral a un enfermero que se desempeñaba en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) de la institución. El trabajador, quien contaba con una trayectoria ininterrumpida desde febrero de 1993, fue desvinculado en junio de 2022 bajo la figura de "justa causa", una maniobra que el magistrado calificó como inexistente tras analizar la prueba presentada.
La desvinculación, que puso fin a una relación de 29 años, fue justificada inicialmente por la mutual médica mediante tres ejes principales: una supuesta desobediencia ante las indicaciones de un médico respecto a un paciente, una presunta conducta violenta hacia dicho profesional, y la existencia de antecedentes disciplinarios previos. Según la defensa de la institución, el trabajador habría sido apartado de sus funciones tras un incidente en el office de enfermería, el cual derivó en la apertura de un sumario interno.
Debilidades probatorias y la lógica de la permanencia
El núcleo de la resolución judicial se centró en la insuficiencia probatoria de la demandada. El juez Burgio desestimó de plano los testimonios presentados por la mutual, al considerar que los testigos no habían presenciado los hechos de manera directa. Según se desprende del fallo, las personas convocadas por la empresa se limitaron a repetir el contenido de notas redactadas por terceros que nunca comparecieron ante el tribunal, careciendo así de valor probatorio para sostener la acusación de "conducta violenta" o "desobediencia".
El magistrado introdujo un razonamiento lógico basado en la naturaleza del ámbito laboral: un sanatorio no es un entorno comercial estándar, sino un espacio donde la responsabilidad sobre la vida de los pacientes es absoluta. En este sentido, el fallo destaca la contradicción intrínseca de la postura de la mutual médica. "Si el trabajador representaba efectivamente un riesgo para la integridad de los pacientes, resulta ilógico y contrario a la buena fe que la institución lo haya mantenido en su puesto de responsabilidad en la unidad de cuidados intensivos durante casi tres décadas", enfatizó el tribunal.
Esta valoración del contexto laboral resultó fundamental para desbaratar el argumento de los antecedentes disciplinarios. El juez concluyó que el historial de sanciones, incluso si fuera real, no constituye un sustento legal suficiente para validar un despido directo si no logra probarse la falta principal que motiva la desvinculación. En consecuencia, la desestimación de la falta específica que dio origen al despido convirtió automáticamente la medida en una desvinculación injustificada, activando el derecho a la indemnización integral.
Actualización de los criterios indemnizatorios
Además de condenar a la entidad a pagar los rubros de ley —preaviso, antigüedad e integración del mes de despido—, junto con los incrementos previstos en la Ley 25.323 y el DNU 39/21, el fallo cobra una relevancia jurídica adicional por la aplicación de nuevos criterios de cálculo. El magistrado modificó su propia jurisprudencia previa en materia de intereses para ajustarse a las disposiciones de la Ley 27.802.
Bajo este nuevo esquema, basado en el artículo 55 de la mencionada norma, el capital histórico devengará intereses moratorios calculados a partir de la tasa pasiva del Banco Central de la República Argentina (BCRA). No obstante, la resolución establece un doble límite para proteger el crédito laboral frente a escenarios inflacionarios: un tope máximo calculado sobre la base del IPC más un 3% anual, y un piso de garantía que establece que, bajo ninguna circunstancia, el monto resultante podrá ser inferior al 67% del cálculo obtenido mediante dicho techo.
Este enfoque busca equilibrar la reparación económica con la realidad económica actual, evitando que el paso del tiempo y la inflación licúen el valor de las indemnizaciones por despido. La resolución judicial no solo repara el perjuicio económico causado al enfermero tras sus 29 años de labor, sino que pone un freno a las prácticas de desvinculación que se apoyan en sumarios internos carentes de sustento fáctico, exigiendo a los empleadores una rigurosidad probatoria acorde a la gravedad que implica la pérdida de un empleo de larga trayectoria.
De acuerdo con información difundida por: Versión Rosario
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