Peritan equipos de espionaje y rastrean el origen de 2,4 millones de dólares de Facundo Leal
La Justicia federal avanzó sobre el patrimonio y el material técnico secuestrado al expresidente de ARSAT, investigado por presunta corrupción, cohecho y el direccionamiento de contratos estatales en favor de empresas privadas.
La investigación judicial que involucra al expresidente de la empresa estatal ARSAT, Facundo Leal, sumó en las últimas horas una serie de medidas de prueba determinantes. Tras una serie de allanamientos que permitieron el hallazgo de una cifra millonaria en efectivo y diversos dispositivos tecnológicos, el Juzgado Federal de San Isidro, a cargo de Lino Mirabelli, ordenó el peritaje técnico sobre el material de espionaje incautado y profundizó las pesquisas sobre la trazabilidad de los ingresos del exfuncionario.
El foco del expediente reside en determinar cómo Leal logró acumular 2,4 millones de dólares en efectivo, cifra hallada durante los procedimientos realizados en su departamento del barrio porteño de Palermo y en una propiedad en la provincia de Mendoza. El hallazgo del dinero, sumado a la presencia de estupefacientes en su domicilio, marcó un punto de inflexión en una causa que originalmente se centraba en irregularidades administrativas en la gestión de bienes estratégicos de conectividad nacional.
Dispositivos de inteligencia y una trama de corrupción estatal
Entre los elementos secuestrados por las fuerzas de seguridad, la Justicia puso especial énfasis en un lote de 19 dispositivos de inteligencia militar de alta precisión. Los equipos, que incluyen desde micrófonos ocultos en objetos cotidianos como anteojos y lapiceras hasta mouses de computadora, inhibidores de señal, teléfonos satelitales Iridium y localizadores satelitales, han sido remitidos a los peritos judiciales para su análisis exhaustivo. La presencia de este arsenal de espionaje sugiere una operativa de seguridad o vigilancia paralela que los investigadores ahora intentan vincular con los movimientos del imputado durante su paso por la función pública.
El origen de la causa, tramitada por el fiscal Fernando Domínguez, se remonta al robo de materiales estratégicos en un predio de la localidad de San Fernando, gestionado por la empresa Argentina Logistic Services (ALS). Según la acusación, esta firma fue adjudicataria de un contrato con ARSAT para el almacenamiento de insumos del Proyecto Shelter-2, destinados a la Red Federal de Fibra Óptica, bajo condiciones que el Ministerio Público Fiscal considera irregulares. El perjuicio económico estimado por la sustracción o daño de estos 17 shelters tecnológicos supera los 151.000 dólares.
El direccionamiento de contratos y la situación de los imputados
El fiscal Domínguez ha solicitado la declaración indagatoria de diez personas, entre ellos exfuncionarios de ARSAT y directivos de la empresa privada ALS. El dictamen fiscal sostiene la existencia de un “acuerdo venal” orientado a beneficiar deliberadamente a la contratista, prescindiendo de los procesos licitatorios normales, sin dictámenes técnicos y omitiendo la intervención obligatoria del Directorio de la empresa estatal.
Al respecto, la Justicia analizó comunicaciones electrónicas que, bajo el criterio de la fiscalía, confirmarían la planificación coordinada de las adjudicaciones. "Existe un cuadro probatorio sólido que permite sostener la existencia de un acuerdo venal entre funcionarios públicos y empresarios privados, materializado posteriormente en la adjudicación irregular del contrato de custodia y traslado de bienes estratégicos", advirtió el fiscal en su presentación judicial.
Ante esta evidencia, el juez Mirabelli dispuso el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil de todos los implicados para reconstruir el flujo de fondos. El objetivo es desentrañar si los 2,4 millones de dólares incautados son parte de las coimas derivadas de esta adjudicación direccionada.
Antecedentes y el futuro procesal de Leal
Facundo Leal, quien ocupó la presidencia de ARSAT durante la administración de Alberto Fernández y se desempeñó posteriormente como titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) hasta enero de 2026, permanece detenido. Su situación procesal se agravó tras el hallazgo de diversas sustancias estupefacientes en su departamento, incluyendo ketamina, cristal MDMA, cocaína y cannabis, elementos que han generado una ramificación paralela en la investigación penal.
El magistrado ahora debe resolver la situación de los diez imputados por los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y cohecho. La causa se ha convertido en una pieza clave para entender el manejo de los activos tecnológicos de la empresa estatal, en un momento donde la transparencia en la gestión de infraestructura estratégica es objeto de una auditoría estricta. El avance de los peritajes sobre los equipos de espionaje y el análisis de la trazabilidad del dinero serán fundamentales para determinar si la estructura montada por Leal fue una excepción o parte de un entramado mayor de corrupción pública.
De acuerdo con información difundida por: Google Noticias
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