El ministro Presti y los jefes de las Fuerzas Armadas
El Ministerio de Defensa de la Nación dispuso este mediodía una reforma estructural en el esquema de seguridad nacional. A través de una resolución firmada por el teniente general Carlos Presti, el Gobierno restableció las funciones de contrainteligencia militar, desactivando una normativa de la era kirchnerista que limitaba el accionar de las Fuerzas Armadas frente a amenazas externas.
El fin de la doctrina de Nilda Garré
La medida oficializada hoy deroga una resolución que databa de 2006, dictada durante la gestión de Nilda Garré. Aquella normativa había separado taxativamente las funciones de inteligencia y contrainteligencia, bajo un criterio que el actual Gobierno califica de "sesgo ideológico". Para la administración de Javier Milei, ese esquema generó una "situación excepcional" y debilitó las capacidades de autoprotección del Estado argentino.
Con la nueva disposición, el área de contrainteligencia militar pasará a depender de forma directa del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. El objetivo central es unificar criterios operativos y reforzar la conducción conjunta, permitiendo que las fuerzas cuenten con herramientas de prevención ante posibles ataques contra su infraestructura, sistemas de información y personal estratégico.
Desde la cartera de Defensa argumentan que la fragmentación anterior impedía una respuesta eficaz frente al espionaje y el sabotaje. "Ningún país con capacidades estratégicas relevantes separa las funciones de inteligencia y contrainteligencia militar", señalaron fuentes oficiales, subrayando que la reforma busca alinear a la Argentina con los estándares de defensa de las potencias occidentales.
Amenazas híbridas y el nuevo escenario global
El restablecimiento de estas facultades no es un hecho aislado, sino que responde a una lectura del tablero internacional marcada por las denominadas "amenazas híbridas". La Casa Rosada identifica como riesgos concretos el avance de organizaciones terroristas con capacidad operativa transnacional, mencionando específicamente a grupos como Hezbollah y Hamas.
En los fundamentos de la reforma, se cita como un punto de inflexión el ataque sufrido por Israel el 7 de octubre de 2023. Para los estrategas militares locales, ese episodio demostró que las organizaciones paraestatales pueden vulnerar fronteras y bases militares mediante acciones coordinadas, lo que obliga a los Estados a poseer mecanismos de detección temprana que la normativa de 2006, según el Gobierno, bloqueaba.
Asimismo, la resolución pone el foco en la protección de la infraestructura crítica frente a la injerencia de potencias extranjeras. En un contexto de disputas geopolíticas globales, el Ministerio de Defensa busca blindar sectores sensibles como la ciberseguridad y la tecnología militar ante posibles operaciones de actores estatales como Rusia y China.
Los límites legales y el control del espionaje interno
Dada la sensibilidad histórica de la inteligencia en Argentina, la resolución incluye apartados específicos para delimitar el alcance de las tareas de contrainteligencia. Desde el entorno del teniente general Presti fueron enfáticos al asegurar que la medida no habilita, bajo ningún concepto, el espionaje sobre la población civil o actividades políticas y gremiales.
"La normativa mantiene expresamente todas las prohibiciones legales vinculadas al espionaje interno", aclararon voceros oficiales. La función de la contrainteligencia se limitará estrictamente al ámbito de la defensa nacional: prevenir, detectar y neutralizar acciones de inteligencia de otros Estados o grupos terroristas que busquen degradar las capacidades militares del país.
Este punto busca desactivar posibles cuestionamientos de organismos de derechos humanos y sectores de la oposición, recordando que las leyes de Inteligencia Nacional y de Seguridad Interior prohíben que las Fuerzas Armadas realicen tareas de vigilancia sobre cuestiones domésticas. La reforma, aseguran, se agota en la protección de activos estratégicos externos.
Reorganización del Sistema de Inteligencia de Defensa
La firma de esta resolución es una pieza más en el rompecabezas de la reconfiguración del Sistema de Inteligencia Nacional. Se suma a la reciente creación del Centro Nacional Antiterrorista (CNA), donde la SIDE trabaja en cooperación directa con agencias internacionales como el FBI de los Estados Unidos.
El nuevo esquema del Sistema de Inteligencia de Defensa (SIDEF) pretende ser más ágil y estar integrado a los lineamientos de la Casa Rosada. La intención es que la Argentina recupere la "autonomía informativa" en el campo militar, permitiendo que el Estado Mayor Conjunto tenga una visión clara de quiénes intentan obtener datos sensibles del país y con qué fines.
Con esta decisión, el Gobierno de Milei termina de desmantelar la arquitectura de defensa diseñada hace casi dos décadas, apostando por un modelo de mayor presencia y capacidad operativa. El impacto de la medida se verá en los próximos meses, cuando el Estado Mayor Conjunto comience a aplicar los nuevos protocolos de vigilancia y resguardo en las bases y fronteras de todo el territorio nacional.
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