Organizaciones de derechos humanos advierten sobre una campaña de persecución y precarización contra las cuidadoras comunitarias en barrios vulnerables de todo el país.
La situación social en los barrios populares de la Argentina atraviesa un proceso de tensión creciente. Según un relevamiento presentado por diversas organizaciones sociales y de derechos humanos, más de 1.100 mujeres que se desempeñan como trabajadoras sociocomunitarias fueron denunciadas judicialmente en el último año. El informe detalla un patrón de allanamientos y estigmatización que recae sobre quienes sostienen la red de contención alimentaria en los sectores más postergados, en un contexto de ingresos congelados y una demanda social que no deja de aumentar.
Esta cifra no es aislada. Representa un quiebre en la relación entre el Estado y las organizaciones territoriales. Las denuncias, que en su mayoría apuntan a irregularidades en la gestión de recursos o supuestas coacciones, son interpretadas por los organismos civiles como una estrategia de "disciplinamiento". Mientras tanto, las trabajadoras deben lidiar con la falta de insumos básicos y la necesidad de sostener múltiples empleos para cubrir la canasta básica.
El impacto de los allanamientos en el tejido social
El despliegue de operativos policiales en domicilios particulares y comedores comunitarios ha generado un clima de inestabilidad en los barrios populares. Las organizaciones denuncian que estos procedimientos, en muchos casos, se realizan sin pruebas sólidas y tienen como objetivo principal la deslegitimación de la figura de la "cuidadora comunitaria". Este rol es fundamental: son mujeres que no solo cocinan, sino que brindan asistencia en casos de violencia de género, acompañan infancias y gestionan la salud territorial.
La judicialización impacta directamente en la logística del hambre. Cuando un comedor es allanado o su responsable es citada por la justicia, el servicio suele interrumpirse por temor o por el secuestro de elementos de trabajo. Datos preliminares indican que el 85% de las denunciadas son jefas de hogar que perciben ingresos por debajo de la línea de indigencia. El estigma de la denuncia penal dificulta, además, su inserción en otros empleos formales, agravando su situación de vulnerabilidad económica.
Desde el sector judicial, las causas avanzan con lentitud, pero el daño reputacional y psicológico es inmediato. Las referentes barriales señalan que se las señala como "gerentes de la pobreza", omitiendo que su labor suple, en gran medida, la ausencia de políticas públicas integrales en territorios donde el Estado llega de forma fragmentada. Esta presión constante ha derivado en cuadros de estrés y el abandono de espacios de cuidado que son vitales para miles de familias.
Precarización extrema e ingresos por debajo de la inflación
A la persecución judicial se le suma una realidad económica asfixiante. Las trabajadoras comunitarias perciben, en su mayoría, remuneraciones vinculadas a programas sociales que no han sido actualizados al ritmo de la inflación. En el último semestre, el poder adquisitivo de estos estipendios cayó drásticamente, obligando a las mujeres a realizar tareas de limpieza, venta ambulante o cuidado de adultos mayores en el sector privado para subsistir.
"Sostenemos la olla con lo que no tenemos", explican desde una red de comedores del Conurbano Bonaerense. La paradoja es total: mientras el Ministerio de Capital Humano audita y recorta fondos, la fila de personas que buscan un plato de comida crece. Estadísticas recientes muestran que la demanda en comedores aumentó un 40% en algunas zonas críticas, mientras que la entrega de mercadería oficial se ha visto reducida o directamente interrumpida por cambios en los procesos de licitación y distribución.
Esta precarización tiene rostro femenino. El 90% de las tareas de cuidado en los barrios populares son realizadas por mujeres. La falta de reconocimiento de estas tareas como trabajo formal impide que accedan a derechos básicos como obra social, aportes jubilatorios o seguros de riesgo de trabajo. En este escenario, la denuncia judicial aparece como el último eslabón de una cadena de exclusión que comienza con la falta de infraestructura básica en sus lugares de residencia.
Antecedentes y el futuro de la asistencia territorial
La historia de los movimientos sociales en Argentina muestra que las crisis suelen ser amortiguadas por estas redes vecinales. Sin embargo, el escenario actual presenta una diferencia sustancial: la criminalización del nexo entre el Estado y la organización social. Los antecedentes de 2001 y 2018 marcaron picos de asistencia, pero nunca se había registrado un volumen tan alto de causas judiciales dirigidas específicamente contra las coordinadoras de base.
El debate de fondo radica en el modelo de gestión de la asistencia social. Mientras que desde sectores oficiales se busca una "individualización" de la ayuda para evitar la intermediación, los especialistas en desarrollo social advierten que es imposible llegar a los rincones más profundos del territorio sin el conocimiento y la infraestructura de los comedores instalados. La ausencia de estas mujeres dejaría un vacío que difícilmente pueda ser llenado por una aplicación digital o una tarjeta bancaria en lugares donde no hay comercios cercanos o conectividad.
El impacto social de esta disputa se verá reflejado en los índices de malnutrición infantil de los próximos meses. Sin una resolución que garantice la seguridad jurídica y económica de las trabajadoras, el sistema de contención primaria corre riesgo de colapso. Las organizaciones de derechos humanos ya preparan presentaciones ante organismos internacionales para denunciar lo que consideran una violación sistemática a los derechos de las mujeres trabajadoras y un ataque directo al derecho humano a la alimentación.
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