El juez federal Ariel Lijo ordenó abrir los registros tributarios del Jefe de Gabinete y su mujer, Bettina Angeletti, tras detectar inconsistencias entre sus ingresos públicos y sus recientes gastos de lujo.
La investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni sumó este miércoles un capítulo determinante. El magistrado Ariel Lijo dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario del Jefe de Gabinete de la Nación y de su esposa, Bettina Angeletti. La medida busca clarificar el origen de los fondos utilizados para financiar viajes al exterior y la adquisición de propiedades de alto valor, gastos que, según los peritajes preliminares, no guardarían relación con los salarios percibidos por el funcionario desde su llegada al Poder Ejecutivo.
La resolución judicial no solo impacta en el círculo íntimo del ministro, sino que extiende sus redes hacia su entorno social y profesional. En el mismo fallo, Lijo solicitó el entrecruzamiento de llamadas y la revisión de las comunicaciones de Marcelo Grandio, periodista y productor cercano a Adorni. La lupa sobre Grandio se debe a su presunta participación en logística privada de viajes, específicamente un vuelo en avión particular hacia Punta del Este durante el último feriado de carnaval.
El foco en el patrimonio y los gastos de lujo
La causa se originó a partir de una serie de denuncias que señalaban una marcada diferencia entre el nivel de vida del funcionario y sus ingresos declarados. Manuel Adorni, quien se desempeñó inicialmente como vocero presidencial antes de ser promovido a Jefe de Gabinete, ha estado bajo escrutinio por la compra de dos inmuebles de dimensiones considerables: uno ubicado en el barrio porteño de Caballito y otro en el exclusivo country Indio Cua, en la localidad de Exaltación de la Cruz.
Los investigadores intentan determinar cómo se financiaron estas operaciones, dado que ambas transacciones habrían ocurrido o se habrían consolidado una vez que Adorni ya formaba parte de la estructura estatal. El levantamiento del secreto fiscal permitirá a la Justicia acceder a las declaraciones juradas ante la AFIP, movimientos de cuentas bancarias, consumos de tarjetas de crédito y cualquier activo financiero no declarado que pudiera justificar el flujo de caja del matrimonio.
Préstamos bajo sospecha y la declaración de testigos
Uno de los puntos más grises del expediente radica en la procedencia de ciertos préstamos que Adorni habría utilizado para sus inversiones inmobiliarias. En las últimas horas, la causa sumó el testimonio clave del hijastro de una de las jubiladas que figurarían como prestamistas del funcionario. Esta línea de investigación sugiere que Adorni podría haber recurrido a una red de financiamiento informal o "mutuos" que no estarían debidamente respaldados por la capacidad económica de los dadores.
El testimonio brindado ante la Justicia aportó detalles sobre la dinámica de estos préstamos, que según la acusación, podrían haber sido una fachada para introducir dinero de origen desconocido en el circuito legal. "Las deudas que mantiene el funcionario no coinciden con el sueldo percibido", reza uno de los párrafos del informe preliminar que sustenta la medida de Lijo. La Justicia busca confirmar si estas supuestas deudas son reales o si forman parte de una ingeniería contable para justificar su crecimiento patrimonial.
Repercusiones políticas y el rol de Marcelo Grandio
La situación judicial de Adorni genera una fuerte presión interna en la Casa Rosada. A pesar de que el Jefe de Gabinete defendió recientemente su inocencia ante el Congreso y denunció ser víctima de un "espionaje ilegal", el avance de las medidas probatorias complica su narrativa de transparencia. Durante su última exposición legislativa, Adorni fue tajante: "Quiero dejar en claro que no voy a renunciar". Sin embargo, el pedido de revisión de comunicaciones de su amigo Marcelo Grandio añade un componente de sospecha sobre el uso de recursos privados para fines personales de un alto funcionario público.
Grandio, quien acompañó al Jefe de Gabinete en el polémico viaje a Uruguay, deberá ahora explicar ante la Justicia la naturaleza de su vínculo financiero y logístico con el ministro. El uso de aviones privados para traslados de ocio es uno de los puntos que el fiscal de la causa considera "incompatibles" con la austeridad pregonada por la gestión actual, especialmente cuando los costos de dichos vuelos superan ampliamente la capacidad de ahorro mensual de un funcionario de su rango.
Contexto de una investigación que escala
Este proceso se enmarca en un clima de alta sensibilidad social respecto al manejo de los fondos públicos y la ética de los funcionarios. La decisión de levantar el secreto fiscal es una herramienta de última instancia que la Justicia utiliza cuando existen indicios suficientes de irregularidades patrimoniales.
Los antecedentes de este caso se remontan a las primeras semanas de Adorni en la gestión pública, cuando comenzaron a filtrarse datos sobre su estilo de vida. El impacto económico de las medidas solicitadas por Lijo será inmediato: la AFIP y el Banco Central deberán entregar en un plazo de cinco días hábiles toda la información recolectada desde el inicio de la gestión del funcionario hasta la fecha. El resultado de este peritaje contable será determinante para definir si Adorni enfrenta una imputación formal por enriquecimiento ilícito o si puede justificar, con documentación respaldatoria, la evolución de sus bienes.
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