El expresidente boliviano Evo Morales sigue refugiado en su bastión de Chapare (Foto de archivo: AP)
El expresidente boliviano propuso llamar a las urnas en un plazo de 90 días para frenar la grave crisis política y social que atraviesa el gobierno de Rodrigo Paz.
Ultimátum en medio del estallido social
La tensión política en Bolivia alcanzó un nuevo pico crítico. El expresidente Evo Morales lanzó una fuerte advertencia al gobierno del actual mandatario, el centroderechista Rodrigo Paz Pereira, al exigir la convocatoria inmediata a elecciones generales anticipadas en un plazo no mayor a 90 días. El pedido del líder cocalero busca desactivar la ola de bloqueos y movilizaciones que mantiene paralizadas las principales rutas del país y que amenaza con derivar en enfrentamientos civiles.
La administración de Paz Pereira, que asumió el poder a fines del año pasado quebrando dos décadas de gestiones socialistas, enfrenta su peor momento institucional debido a protestas masivas impulsadas por sectores mineros, campesinos y partidarios del Movimiento al Socialismo (MAS). Las demandas callejeras, que inicialmente nacieron como reclamos por la escasez de combustible y el aumento del costo de vida, viraron rápidamente hacia una exigencia unánime de renuncia del jefe de Estado.
El argumento de la pacificación y la respuesta oficial
Desde su bastión político en el trópico de Cochabamba, Morales justificó su propuesta bajo la premisa de evitar consecuencias fatales. La estrategia del exmandatario apunta a canalizar el descontento popular por la vía democrática, argumentando que la continuidad de las medidas de fuerza sin una salida institucional clara sumergirá al país en un escenario de violencia descontrolada.
"Llamen a elecciones para que no haya muertos", sentenció Morales en un mensaje dirigido al Ejecutivo, instalando una fuerte presión sobre la gestión oficialista. Para los sectores que responden al líder del MAS, la legitimidad del gobierno central se encuentra severamente desgastada tras las recientes elecciones subnacionales, donde el oficialismo sufrió duros reveses electorales incluso en los distritos de donde es originario el propio presidente.
La respuesta de la gestión de Rodrigo Paz no tardó en llegar. El vocero presidencial acusó formalmente a Morales de orquestar un plan sistemático de desestabilización para forzar una interrupción del mandato constitucional. El Gobierno ratificó el despliegue de fuerzas de seguridad con equipamiento no letal para garantizar un corredor humanitario y liberar los puntos estratégicos de transitabilidad, mientras el mandatario advirtió que extremará los esfuerzos de diálogo, pero aclaró que todo tiene un límite.
Antecedentes de una polarización extrema
La actual crisis boliviana es el reflejo de una fractura política que se profundizó tras las elecciones presidenciales de 2025. En aquellos comicios, Morales quedó inhabilitado para participar debido a un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que limitó las reelecciones consecutivas.
El ascenso de Paz Pereira al Palacio Quemado significó un viraje drástico hacia políticas de austeridad, apertura a capitales privados y proyectos de reforma en la Ley de Hidrocarburos. Estas medidas fueron catalogadas por la oposición como un intento de privatización de los recursos naturales y los servicios básicos, lo que reactivó la resistencia de los sindicatos agrarios y las organizaciones interculturales que históricamente sostuvieron el modelo estatista anterior.
Impacto económico y parálisis del transporte
El conflicto ya genera severas consecuencias en la economía interna de la nación andina. El desabastecimiento de diésel y gasolina, combinado con los bloqueos de caminos, interrumpió de manera total las actividades de la zafra y la producción agropecuaria en departamentos clave como Santa Cruz y Tarija. Las filas de vehículos en las estaciones de servicio se replican en las principales ciudades, afectando también el normal funcionamiento del transporte público y militar.
Analistas locales señalan que el estancamiento económico actúa como un combustible para el conflicto social. Sin reservas de divisas suficientes para normalizar la importación de combustibles y con una inflación creciente, el margen de maniobra financiera del Palacio de Gobierno es sumamente limitado. La propuesta de Morales de renovar los poderes Ejecutivo y Legislativo busca capitalizar este descontento, reposicionando al MAS en la escena electoral tras un año de divisiones internas y persecución judicial contra sus principales referentes.
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