El director del BICE, Felipe Núñez, confirmó que el Ejecutivo avanza en la concesión de rutas nacionales para reducir el déficit estatal.El Gobierno nacional aceleró las definiciones sobre el futuro de las empresas públicas y puso el foco en la privatización de Corredores Viales S.A., la firma encargada de la gestión de rutas y autopistas nacionales. Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y uno de los asesores de confianza del ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que el objetivo central es retirar al Estado de la administración directa de la infraestructura vial para trasladar el riesgo y la inversión al sector privado.
Durante una entrevista en el canal de streaming Carajo, Núñez explicó que la estructura actual de la empresa estatal es insostenible bajo el esquema de equilibrio fiscal que persigue la gestión de Javier Milei. Según el funcionario, el modelo de concesiones que se está diseñando busca replicar experiencias exitosas de décadas pasadas, donde las empresas adjudicatarias asumen la responsabilidad integral del mantenimiento y la expansión de las trazas a cambio de la explotación del peaje, eliminando el flujo de subsidios del Tesoro Nacional.
El esquema de concesiones y el rol del capital privado
La decisión de avanzar sobre Corredores Viales responde a un diagnóstico crítico sobre la situación de la infraestructura en Argentina. Núñez señaló que el Estado ha demostrado ser un administrador ineficiente en esta área, acumulando deudas con contratistas y postergando obras de carácter urgente. La intención oficial es lanzar licitaciones internacionales que resulten atractivas para grandes operadores globales, capaces de aportar la tecnología y el financiamiento que hoy el sector público no puede garantizar.
"El Estado no tiene por qué estar manejando una empresa de peajes", sostuvo el director del BICE. En su visión, la función del sector público debe limitarse a la regulación y al control del cumplimiento de los contratos, pero no a la ejecución de las tareas operativas. El esquema propuesto prevé que las empresas interesadas presenten planes de inversión a largo plazo, con metas claras de repavimentación, señalización y seguridad vial.
El interés del Gobierno radica en transformar un pasivo financiero en una oportunidad de inversión directa. Actualmente, Corredores Viales administra cerca de 6.000 kilómetros de rutas nacionales, lo que representa la columna vertebral del transporte de cargas y pasajeros en el país. El traspaso a manos privadas implicaría, además, una revisión integral de los cuadros tarifarios para asegurar la rentabilidad del negocio sin descuidar la competitividad logística.
Incertidumbre sobre posibles oferentes y el factor tecnológico
Un momento de particular tensión durante la entrevista se produjo cuando se mencionó la posibilidad de que empresas vinculadas a grandes magnates tecnológicos o figuras internacionales con afinidad ideológica al Gobierno participen de las licitaciones. Ante la consulta directa sobre posibles interesados de renombre global, Núñez optó por un silencio cauteloso, evitando confirmar o descartar nombres propios.
Esta reserva ha alimentado especulaciones sobre la llegada de nuevos jugadores al mercado de la infraestructura argentina, especialmente aquellos que poseen experiencia en la aplicación de sistemas inteligentes de transporte y monitoreo satelital. La modernización de los peajes hacia sistemas de flujo libre (free-flow) y la integración de conectividad en las rutas son puntos clave que el Ejecutivo pretende incluir en los pliegos de licitación.
"Estamos diseñando procesos que sean competitivos y transparentes para que gane la mejor oferta para los argentinos", se limitó a decir el funcionario. Sin embargo, en el ámbito empresarial se interpreta que el Gobierno está buscando activamente "partners" estratégicos que no solo aporten capital, sino que también validen el modelo económico de desregulación frente a los mercados internacionales.
El impacto en la obra pública y los antecedentes del sector
La privatización de Corredores Viales no es un hecho aislado, sino que forma parte de un plan de reforma del Estado más amplio que ya ha afectado a otras áreas de la obra pública. Desde el inicio de la gestión, la paralización de proyectos financiados por el Tesoro ha sido una constante, bajo la premisa de que "no hay plata". En este contexto, la concesión aparece como la única vía para reactivar los trabajos de mejora en las rutas nacionales.
La historia de las concesiones viales en Argentina ha tenido resultados mixtos. Durante los años 90, el sistema permitió una modernización importante de los accesos a la Capital Federal, pero también fue objeto de críticas por la falta de inversión en las rutas del interior y los constantes ajustes tarifarios. El Gobierno actual sostiene que, a diferencia de aquellos años, el marco regulatorio será más estricto y las exigencias de inversión estarán dolarizadas para evitar el deterioro de los contratos por efecto de la inflación.
Desde el Ministerio de Economía confían en que la eliminación de la brecha cambiaria y la progresiva baja de la inflación actúen como incentivos para que operadores de primer nivel se interesen por el mercado local. El antecedente inmediato de la gestión estatal bajo la figura de Corredores Viales —creada en 2017 y ampliada significativamente en 2020— es visto por la actual administración como un "experimento fallido" que incrementó la plantilla de empleados públicos sin mejorar proporcionalmente el estado de las calzadas.
Proyecciones para el corto y mediano plazo
El cronograma oficial prevé que los primeros pliegos de licitación estén listos antes de fin de año. El proceso será seguido de cerca por las cámaras de la construcción y las empresas de transporte, que temen que un aumento desmedido en los peajes impacte de lleno en los costos logísticos, ya de por sí elevados en el país. Núñez, sin embargo, enfatizó que la eficiencia privada debería, en el largo plazo, reducir los costos operativos totales.
"El objetivo es que el usuario pague por un servicio de calidad y que ese dinero se reinvierta en la ruta, no que termine financiando el déficit de una estructura burocrática", concluyó el funcionario. La mirada del equipo económico está puesta en generar un clima de negocios que permita atraer desembolsos significativos en un sector que es considerado estratégico para el desarrollo productivo y la integración regional.
La expectativa ahora se centra en la reacción de los mercados y en la conformación de los consorcios que pujarán por las trazas más rentables, como la Ruta 9 o la Autopista Riccheri. La confirmación de Núñez despeja las dudas sobre la profundidad del programa de privatizaciones y marca un punto de no retorno en la gestión de la infraestructura vial argentina bajo el mandato de Javier Milei.
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