El fiscal federal en Chicago, Andrew Boutros, desmintió esta semana la existencia de una investigación penal contra la escritora E.
La aclaración del funcionario judicial llega en un momento de alta tensión política en Estados Unidos, marcado por el historial de litigios entre la excolumnista y el mandatario. Durante las últimas jornadas, diversos trascendidos mediáticos habían sugerido que el Departamento de Justicia estaba examinando si Carroll había mentido bajo juramento en relación con el financiamiento de sus procesos judiciales, específicamente sobre el origen de los fondos utilizados para solventar sus costas legales.
El origen de las especulaciones
Las versiones sobre la supuesta apertura de una pesquisa federal ganaron fuerza esta semana, alimentadas por el clima de confrontación constante entre Trump y sus críticos. La narrativa mediática que circuló inicialmente indicaba que la investigación se centraba en determinar si la escritora había incurrido en falso testimonio durante los procesos judiciales de 2023 y 2024.
El punto central de esta supuesta indagación era una declaración realizada bajo juramento en 2022, en la que Carroll habría afirmado que no contaba con financiación externa para sus demandas.
Antecedentes y sentencias judiciales
La figura de E. Jean Carroll alcanzó relevancia nacional tras denunciar a Donald J. Trump por una agresión sexual que, según su testimonio, ocurrió a mediados de la década de 1990 en los probadores de los grandes almacenes Bergdorf Goodman, en Nueva York.
En mayo de 2023, un jurado federal en Nueva York determinó la responsabilidad civil de Trump por abuso sexual y difamación, otorgando a Carroll una indemnización inicial de 5 millones de dólares.
La importancia de la transparencia judicial
El desmentido de la Fiscalía de Chicago resulta fundamental para entender el estado actual de la causa, que se ha transformado en un símbolo de la polarización en la vida pública estadounidense. Para el entorno de Carroll, la difusión de noticias sobre una "investigación penal" responde a una estrategia de desgaste y represalia tras las derrotas judiciales sufridas por el presidente.
"Nuestro sistema legal está fuera de control y siendo utilizado como herramienta política", había declarado Trump recientemente en sus redes sociales, reforzando la idea de que su administración se enfrenta a una persecución sistemática.
A pesar de la negación oficial de la investigación, el clima de incertidumbre permanece. El caso no solo se dirime en los estrados judiciales, sino que ha trascendido al debate público, convirtiéndose en un termómetro de la división institucional en el país. La confirmación de que no existe una causa abierta por perjurio, al menos por parte de la fiscalía mencionada, aporta un respiro jurídico a una disputa que, lejos de cerrarse, continúa escalando en los tribunales y en la opinión pública.
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