Luis Lucero, secretario de Minería Diputados
El secretario de Minería, Luis Lucero, fue denunciado ante la Justicia Federal por presuntas irregularidades vinculadas a su pasado como abogado de empresas mineras y su rol en la modificación de la Ley de Glaciares.
La presentación judicial, impulsada por referentes del sector ambiental y político, pone el foco en el desempeño del funcionario durante el debate de la Ley Bases. Se lo acusa de haber intervenido en la redacción de artículos que benefician directamente a corporaciones que representó hasta poco antes de asumir su cargo público.
El eje de la denuncia por negociaciones incompatibles
La denuncia sostiene que Lucero habría incurrido en el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Según el escrito, el secretario participó activamente en la reforma de la Ley de Glaciares (26.639), una normativa clave que limita la actividad extractiva en zonas de permafrost y protección hídrica.
Los denunciantes argumentan que el funcionario mantuvo vínculos con estudios jurídicos y empresas del sector minero que tienen intereses directos en la flexibilización de estas áreas protegidas. La acusación sugiere que las modificaciones propuestas buscan "allanar el camino" para proyectos que actualmente están frenados por las restricciones ambientales vigentes desde 2010.
Antecedentes y el impacto en la Ley de Glaciares
Luis Lucero asumió la Secretaría de Minería en marzo de 2024, tras la salida de Flavia Royón. Con una trayectoria de más de 30 años en el derecho minero, su designación fue vista inicialmente como una señal de profesionalización técnica, pero pronto despertó críticas por su cercanía con las cámaras empresariales.
"La intervención de un ex abogado de las mineras en la redacción de leyes que regulan a sus ex clientes constituye un conflicto de intereses flagrante", señala un fragmento de la presentación judicial que ahora deberá ser sorteada en los tribunales de Comodoro Py.
Consecuencias legales y políticas para el área minera
El avance de esta causa podría complicar el marco regulatorio que el Gobierno nacional intenta establecer para atraer inversiones extranjeras a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La seguridad jurídica del sector depende, en gran medida, de la transparencia en la gestión de los recursos naturales.
De probarse las irregularidades, el funcionario podría enfrentar penas de inhabilitación especial perpetua y prisión de uno a seis años. Por el momento, desde la Secretaría de Minería no han emitido un comunicado oficial respecto a la denuncia penal radicada en su contra.
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