En una jornada clave para la agenda de seguridad de Santa Fe, el Senado provincial aprobó este jueves por unanimidad la adhesión a la Ley Nacional N° 27.786, conocida como Ley Antimafia. La normativa busca dotar a la justicia y a las fuerzas de seguridad de instrumentos legales más potentes para desarticular bandas criminales, atacando no solo su operatividad territorial sino también su estructura económica.
Un frente común contra las organizaciones criminales
La iniciativa, que ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados tras el impulso de la legisladora Ximena Sola, permite a la provincia integrar sus investigaciones con el marco normativo federal. Esto facilita la persecución penal de grupos de tres o más personas que cometan delitos de forma reiterada, tales como narcotráfico, lavado de activos, extorsiones y trata de personas.
El gobernador Maximiliano Pullaro celebró la sanción definitiva y destacó que se trata de un paso fundamental para dejar atrás sistemas judiciales que consideró insuficientes frente al avance delictivo. “Se dio otro paso para terminar con un sistema garantista que durante mucho tiempo fue incapaz de ponerle un freno a las organizaciones criminales”, afirmó el mandatario tras la votación.
Herramientas clave: penas máximas y decomiso de bienes
Uno de los ejes centrales de la Ley Antimafia es el cambio en la escala penal. Bajo este régimen, todos los integrantes de una organización criminal pueden recibir la pena máxima correspondiente al delito más grave cometido por cualquier miembro del grupo. Esta lógica busca que los eslabones secundarios de las bandas no reciban condenas menores, entendiendo que su participación es necesaria para el funcionamiento de la estructura mafiosa.
Además, la ley incorpora mecanismos de "extinción de dominio" y decomiso anticipado. Esto permite al Estado avanzar sobre los bienes y activos de los delincuentes incluso antes de que exista una condena firme, golpeando directamente la capacidad financiera de las organizaciones.
Coordinación federal y soberanía provincial
A pesar de las críticas iniciales de algunos sectores de la oposición sobre el aumento del poder punitivo, el texto aprobado resguarda las competencias provinciales. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la Justicia santafesina mantendrán su autonomía, pero podrán conformar Equipos Conjuntos de Investigación (ECI) con fuerzas federales para actuar de manera más ágil en zonas de alta conflictividad.
“Podemos tener diferencias políticas, pero una vez más esta Cámara demuestra que cuando se trata de combatir a las organizaciones criminales nos ponemos de acuerdo rápidamente”, resaltó el senador Felipe Michlig durante el debate en el recinto. Con esta adhesión, Santa Fe se alinea con la estrategia nacional del Ministerio de Seguridad para enfrentar el narcocrimen, especialmente en focos críticos como la ciudad de Rosario.
📝 ¡Gracias por tu lectura!
Tu feedback no solo mejora el contenido, sino que también inspira a otros lectores.
📝 ¡Gracias por tu lectura!
Tu feedback no solo mejora el contenido, sino que también inspira a otros lectores.