La Justicia santafesina ratificó la prisión preventiva para ocho efectivos de la Policía de Rosario implicados en una millonaria maniobra de defraudación. La resolución confirma la investigación sobre el desvío de fondos destinados a la carga de combustible de los móviles policiales de la Unidad Regional II.
Una estructura delictiva dentro de la fuerza provincial
La decisión fue tomada por el juez de Segunda Instancia, Javier Beltramone, quien rechazó los pedidos de libertad de las defensas. La investigación, encabezada por la Agencia de Criminalidad Organizada, detectó irregularidades sistemáticas en el uso de tarjetas destinadas al abastecimiento de combustible.
El esquema consistía en la simulación de cargas de nafta y gasoil que nunca llegaban a los tanques de los patrulleros. Según la acusación, los agentes realizaban transacciones ficticias en estaciones de servicio específicas, permitiendo que el dinero público fuera desviado para beneficio personal de los involucrados.
El impacto de la resolución judicial en Rosario
Durante la audiencia, se destacó que la maniobra no solo representa un perjuicio económico al Estado, sino que afecta directamente la operatividad de las patrullas. La falta de combustible real en las unidades resiente la capacidad de respuesta ante el delito en las calles de la ciudad.
"La evidencia presentada permite sostener la probabilidad de autoría y el riesgo de entorpecimiento probatorio si los imputados recuperan la libertad", señala parte de los fundamentos que sostienen la continuidad de la medida cautelar para los uniformados y los civiles implicados.
El rol de las estaciones de servicio y las tarjetas oficiales
La investigación reveló que los policías contaban con la connivencia de empleados de estaciones de servicio para validar las operaciones. Se utilizaban las tarjetas Copec para registrar consumos en vehículos que, en muchos casos, se encontraban fuera de servicio o en depósitos judiciales.
La resolución de la Cámara de Apelaciones es un paso clave en el proceso que busca desarticular las cajas negras de la fuerza. Los ocho imputados continuarán tras las rejas mientras avanza la etapa de recolección de pruebas hacia el juicio oral, enfrentando cargos por asociación ilícita y fraude a la administración pública.
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