El atentado contra la Amia dejó un saldo de 85 víctimas fatales, 141 personas con lesiones leves, graves y gravísimas y múltiples daños materiales.
La investigación por el atentado a la AMIA, uno de los capítulos judiciales más extensos y complejos de la historia argentina, sumó una novedad relevante en las últimas horas. La justicia solicitó el procesamiento de diez personas vinculadas a la causa, además de emitir un pedido de captura internacional contra un alto funcionario de la República Islámica de Irán, intensificando así los esfuerzos para avanzar en la determinación de responsabilidades.
Los detalles del pedido judicial
El requerimiento apunta a desarticular la red que habría facilitado la logística y el financiamiento detrás del ataque. Entre los señalados se encuentra Abdallah Salman, hermano de uno de los acusados, a quien se investiga por su rol fundamental en la administración de los fondos destinados a las operaciones terroristas.
Asimismo, la justicia avanzó sobre la figura del comerciante libanés radicado en Paraguay, Hussein Mounir Mouzannar. Según la acusación, este individuo habría desempeñado un rol clave al proporcionar documentación laboral apócrifa, permitiendo así la creación de identidades ficticias necesarias para operar en las sombras y evadir controles de inteligencia.
Un avance en la búsqueda de justicia
Este pedido de procesamiento y captura se enmarca en la continuidad de una causa que, tras décadas, mantiene su vigencia en la agenda judicial. La identificación de estas diez personas refuerza la línea de investigación sobre la participación de una estructura de apoyo local y regional que, en coordinación con agentes extranjeros, permitió la ejecución del atentado.
La solicitud de captura internacional contra el jerarca iraní refleja la intención del Poder Judicial de mantener la presión sobre los responsables intelectuales y operativos del ataque. A pesar de las dificultades históricas para lograr la extradición de funcionarios iraníes, el sistema judicial argentino sostiene la búsqueda de un proceso que, según la normativa vigente, permite avanzar en la determinación de la verdad incluso frente a la imposibilidad de comparecencia de los imputados.
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