El sistema de atención a personas con discapacidad en Argentina atraviesa una de las crisis más severas de los últimos años. Bajo la consigna de un "colapso inminente", prestadores, transportistas y organizaciones de la sociedad civil iniciaron un paro nacional que en Rosario se hizo sentir con concentraciones y el cese total de actividades. La medida busca visibilizar el desfasaje entre la inflación y los aranceles que perciben por los servicios.
La protesta no solo apunta a la cuestión arancelaria, sino también a las demoras en los pagos por parte de las obras sociales y el Estado. “La situación es insostenible; trabajamos con valores que no cubren los costos fijos y recibimos los pagos con meses de retraso”, explicaron desde el sector prestador. Esta combinación de factores pone en riesgo la continuidad de tratamientos vitales para miles de personas.
Un reclamo que paraliza servicios esenciales
La medida de fuerza impacta directamente en áreas sensibles del sistema. El transporte especial, clave para que los usuarios puedan asistir a sus terapias, es uno de los rubros más golpeados por el aumento del combustible y el mantenimiento de las unidades. En Rosario, las escuelas especiales y los centros de día también se sumaron a la jornada de lucha, dejando en claro que la red de contención está al límite.
Entre los puntos principales del reclamo se destacan:
Actualización de aranceles: Exigen aumentos que acompañen el ritmo inflacionario para evitar el cierre de instituciones.
Regularización de pagos: Denuncian que las demoras en las liquidaciones por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud asfixian la economía de los profesionales.
Defensa de los derechos: Familias y pacientes advierten que el ajuste presupuestario se traduce en una vulneración directa de la Ley 24.901 de prestaciones básicas.
El impacto social de la falta de financiamiento
El conflicto trasciende lo económico para convertirse en una problemática de derechos humanos. Los especialistas advierten que la interrupción de las terapias tiene consecuencias regresivas en la salud de los pacientes. “Un chico que deja de asistir a su centro terapéutico o que pierde su transporte no solo pierde una prestación, pierde calidad de vida y autonomía”, señalaron referentes locales durante la movilización.
El sector espera una convocatoria urgente por parte de las autoridades nacionales para destrabar el conflicto. Mientras tanto, el estado de alerta se mantiene, con la advertencia de que, de no mediar una solución que garantice la sustentabilidad del sistema, las medidas de fuerza podrían profundizarse en las próximas semanas, dejando a uno de los colectivos más vulnerables de la sociedad sin el apoyo indispensable para su vida diaria.
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