La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reconoció que el Gobierno nacional está dispuesto a abrir una instancia de negociación en el Congreso para asegurar la aprobación del nuevo Régimen Penal Juvenil. Aunque la intención inicial del oficialismo era establecer la edad de imputabilidad en 13 años, la funcionaria admitió que podrían aceptar que el límite se fije en los 14 años para destrabar el tratamiento legislativo.
Pragmatismo para lograr la ley
La titular de la cartera de Seguridad destacó que la prioridad absoluta es avanzar con la reforma y no estancarse en discusiones sobre un año de diferencia. Bullrich señaló que es fundamental contar con una herramienta legal actualizada, por lo que buscarán los consensos necesarios con otros bloques políticos que se mostraban reticentes a la propuesta original.
Esta apertura al diálogo responde a la necesidad de construir una mayoría parlamentaria. La estrategia del Ejecutivo se centra en que la ley salga adelante, entendiendo que mantener una postura intransigente podría poner en riesgo la totalidad del proyecto frente a la oposición.
Un cambio de paradigma en seguridad
El proyecto enviado al Congreso busca modificar sustancialmente la respuesta del Estado ante los delitos cometidos por menores, un reclamo recurrente en la agenda de seguridad ciudadana. La normativa actual establece la imputabilidad a partir de los 16 años, un umbral que el Gobierno considera obsoleto frente a la realidad delictiva actual.
Con esta posible modificación, la administración libertaria apunta a terminar con lo que consideran un vacío legal que favorece la impunidad. Si bien el ideal del ministerio era más bajo, fijar el piso en 14 años representaría igualmente un cambio histórico en la legislación penal argentina.
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