El Senado de la provincia de Santa Fe decidió este jueves postergar el tratamiento de la nueva Ley Orgánica de Municipios, un proyecto estructural derivado de la reciente reforma constitucional. La coalición gobernante, Unidos para Cambiar Santa Fe, optó por dilatar la discusión para intentar sintetizar una posición común y evitar fisuras internas ante la presión de los intendentes y la aparición de un proyecto alternativo presentado por el justicialismo.
Las razones detrás de la postergación
A pesar de que el oficialismo contaba con preferencia para tratar la norma antes de la apertura de sesiones ordinarias, las autoridades de la Cámara resolvieron frenar el debate. El objetivo principal es pulir detalles técnicos sobre la autonomía municipal y la estructura de los concejos deliberantes. "Quedan muchas cosas por profundizar y no estaban dadas las condiciones para avanzar esta semana", admitieron fuentes del radicalismo tras una serie de reuniones fallidas en Rosario y Santa Fe.
La situación se complejizó en los últimos días debido a tensiones externas, particularmente con sectores policiales en el sur provincial, lo que obligó a suspender encuentros clave entre los senadores —encabezados por Felipe Michlig— y el intendente de Rosario, Pablo Javkin. Estos diálogos son considerados fundamentales para consensuar los alcances de una ley que reemplazará a una normativa vigente desde el año 1939.
Puntos de conflicto y el rol del justicialismo
Uno de los ejes que genera mayor debate es la transición de casi 200 localidades que, por tener más de 3.000 habitantes, pasarán a ser municipios a partir de 2027. El Socialismo, socio clave en el frente oficialista, ha pedido revisar con lupa este punto, advirtiendo sobre la sostenibilidad financiera de estas nuevas estructuras administrativas.
Por otro lado, el bloque de senadores del Partido Justicialista presentó su propio proyecto de ley, lo que obligó a Unidos a recalibrar su estrategia. Los presidentes comunales del PJ manifestaron su preocupación por el impacto real de la norma en la gestión cotidiana y el riesgo de una centralización encubierta bajo la promesa de autonomía. "Buscamos una ley que defienda los derechos de cada ciudadano y respete la realidad de cada territorio", señalaron desde el bloque opositor.
El calendario legislativo bajo presión
El tiempo apremia para la Legislatura santafesina. Según la cláusula transitoria de la nueva Constitución, el plazo máximo para sancionar la ley orgánica es septiembre de este año. La intención del oficialismo es retomar el tratamiento el próximo jueves 12 de febrero, previo al inicio del período ordinario que comenzará formalmente el domingo 15 con el mensaje del gobernador Maximiliano Pullaro.
La normativa no solo regulará la organización de los municipios, sino que también establece topes salariales para los concejales y redefine la cantidad de miembros de los cuerpos legislativos locales según la población. Con la mirada puesta en evitar que el proyecto entre en un "ida y vuelta" infinito entre cámaras, el Senado apuesta a una semana de negociaciones intensas para lograr la media sanción con el mayor consenso político posible.


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