Tras un nuevo episodio de violencia que terminó con la detención de un cuidacoches en la zona de Pichincha, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, volvió a poner en el centro del debate la prohibición de esta actividad.
El reclamo del jefe municipal apunta directamente a la necesidad de contar con herramientas judiciales más severas. Según Javkin, el conflicto actual excede las facultades del municipio y requiere una respuesta coordinada con la provincia para que los operativos de control no queden en una simple identificación de datos.
El pedido de un "abordaje penal" y límites legales
El intendente rosarino consideró que los alcances del actual Código de Faltas santafesino son insuficientes para frenar el accionar de los denominados "trapitos". En ese sentido, instó a la Legislatura provincial a avanzar con proyectos que permitan una intervención más efectiva por parte de las fuerzas de seguridad. "Cuando actúa la policía u organismo de control, tiene que tener un abordaje penal", remarcó.
Para Javkin, la normativa municipal que prohíbe la extorsión es apenas un primer paso, pero no basta para prevenir los aprietes diarios que sufren los conductores.
Violencia en Pichincha: un taxi con la luneta destrozada
La postura del intendente cobró fuerza tras un grave incidente ocurrido en la madrugada de este martes en la intersección de Alvear y Brown. Una taxista denunció que un cuidacoches le arrojó una piedra, destrozando por completo la luneta de su vehículo.
Gracias a la descripción aportada por la conductora, los agentes lograron capturar al sospechoso, identificado como Alexis C., de 46 años, a pocas cuadras del lugar del ataque. "Necesitamos una actividad de tipo penal que sirva como represalia legal. De lo contrario, es sólo una toma de datos y sigue", advirtió Javkin al referirse a la reiteración de estos hechos en puntos neurálgicos de la ciudad como el Paseo del Siglo y la costanera.
Impacto en la seguridad urbana y próximos pasos
El debate sobre los cuidacoches en Rosario no es nuevo, pero la escalada de violencia en las últimas semanas ha acelerado el pedido de definiciones políticas.
La intención del Ejecutivo local es que la prohibición total sea acompañada por una presencia policial que tenga respaldo jurídico para actuar ante la sola presencia de personas exigiendo dinero por el espacio público. Mientras tanto, se espera que los proyectos en la Legislatura ganen impulso tras el respaldo público del intendente a una postura de "tolerancia cero".
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