Vecinos de La Florida reclaman por las picadas ilegales.
El Concejo Municipal de Rosario comenzó a debatir un ambicioso protocolo de "tolerancia cero" destinado a erradicar definitivamente las picadas ilegales en la ciudad. La iniciativa surge como respuesta al incremento de estas prácticas de riesgo y busca unificar criterios de control, prevención y sanción en los puntos más críticos de la zona norte y la costanera.
Un plan integral de control y sanciones severas
El proyecto legislativo propone una estrategia multiagencial que involucra a la Secretaría de Control y Convivencia, la Policía de Santa Fe y el Ministerio Público de la Acusación (MPA). El objetivo es pasar de los operativos disuasorios tradicionales a una política de intervención directa y sanciones ejemplares para quienes pongan en riesgo la vida propia y ajena.
Entre los puntos principales, se destaca la creación de un registro de infractores reincidentes y la facilitación de herramientas tecnológicas para identificar a los organizadores. "El objetivo no es solo dispersar a los corredores, sino aplicar sanciones que desalienten la reincidencia, como el decomiso definitivo de los vehículos involucrados", señala el texto del proyecto.
Tecnología y monitoreo en puntos críticos
La implementación de este protocolo contempla el uso intensivo de las cámaras de videovigilancia y drones para detectar concentraciones de vehículos antes de que las competencias comiencen. Las zonas de la Avenida Carrasco, el Serrucho y diversos tramos de la Avenida Belgrano han sido señalados como los focos donde la presencia de agentes será permanente y estratégica.
La preocupación de los vecinos ha sido un motor fundamental para este avance legislativo. Las denuncias por ruidos molestos y conducción temeraria en horarios nocturnos se han duplicado en el último año, lo que obliga al municipio a adoptar una postura mucho más rígida frente a un fenómeno que ya se ha cobrado víctimas fatales en la región.
Consecuencias legales y el impacto en la seguridad vial
El protocolo no solo se limita a multas económicas, sino que busca profundizar las consecuencias legales. Se propone que los participantes de picadas clandestinas enfrenten cargos bajo el artículo 193 bis del Código Penal, que establece penas de prisión e inhabilitación especial para conducir para quienes participen en pruebas de velocidad no autorizadas.
Este cambio de paradigma busca enviar un mensaje claro a la sociedad: la calle no es un autódromo. La articulación con la Justicia permitirá que los vehículos secuestrados no sean devueltos con la simple firma de un acta, sino que queden sujetos a procesos judiciales más rigurosos, buscando reducir la impunidad que muchas veces rodea a estos eventos nocturnos.
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