En una jornada marcada por intensos debates en las comisiones de Legislación Penal y de Familia, el oficialismo de La Libertad Avanza, con el respaldo de sectores del PRO y una parte de la Unión Cívica Radical, logró emitir dictamen de mayoría para el proyecto que busca bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. La iniciativa, considerada una de las banderas de la gestión en materia de seguridad, será tratada este jueves en una sesión especial en la Cámara de Diputados.
El eje de la reforma: responsabilidad penal adolescente
El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo propone un nuevo régimen penal juvenil que sustituye a la normativa vigente desde la última dictadura militar. El punto central es el establecimiento de la responsabilidad penal para adolescentes a partir de los 14 años en todo tipo de delitos. Según el texto, se busca que los menores que cometen ilícitos de gravedad enfrenten consecuencias legales, aunque bajo un sistema que contempla medidas socioeducativas.
"Estamos terminando con décadas de impunidad donde los delincuentes utilizaban a los menores como escudos para evitar la cárcel", sostuvieron desde el bloque oficialista durante el plenario. La propuesta estipula penas diferenciadas y condiciones de detención en establecimientos especiales, evitando el contacto de los menores con la población carcelaria adulta, pero garantizando el cumplimiento de las condenas según la gravedad del hecho cometido.
La postura de la oposición y el rechazo de organismos
La iniciativa no cuenta con un apoyo unánime. Desde Unión por la Patria y sectores de la Izquierda presentaron dictámenes de minoría, argumentando que la baja en la edad de imputabilidad no soluciona el problema de fondo de la inseguridad y que vulnera tratados internacionales de derechos del niño. Los legisladores opositores enfatizaron que el enfoque debería estar puesto en la prevención y la inclusión social, más que en el endurecimiento de las penas.
Especialistas y organismos de derechos humanos advirtieron que la medida podría saturar un sistema judicial que ya presenta deficiencias estructurales. Sin embargo, el Gobierno insiste en que la sociedad demanda respuestas concretas ante delitos violentos cometidos por menores. "La víctima no pregunta cuántos años tiene quien le dispara; el Estado debe proteger a los ciudadanos honestos", afirmaron voceros cercanos al Ministerio de Seguridad.
El escenario en el recinto para la votación
Con el dictamen de mayoría asegurado, el oficialismo confía en alcanzar el quórum y los votos necesarios en la sesión de este jueves. El bloque de La Libertad Avanza cuenta con el apoyo casi total del PRO, mientras que el bloque de la UCR y Encuentro Federal se muestran divididos; algunos legisladores acompañarán la baja a los 14 años, mientras que otros proponen elevarla a los 15 o establecer una escala según el tipo de delito.
De obtener la media sanción, el proyecto pasará al Senado, donde el panorama político es más complejo para el Ejecutivo. No obstante, el oficialismo celebra este avance como un paso decisivo en su agenda de reformas de seguridad, buscando enviar una señal de firmeza ante el incremento de la participación de menores en delitos complejos y el crimen organizado.
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