El Gobierno nacional oficializó este miércoles la prórroga de las sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación hasta el 28 de febrero. La medida, publicada en el Boletín Oficial, busca garantizar el tratamiento de proyectos clave y evitar que los dictámenes actuales pierdan validez parlamentaria antes del inicio del período ordinario.
La reforma de la Ley de Financiamiento Universitario
Uno de los puntos centrales de la extensión es la incorporación al temario del proyecto de reforma de la Ley N° 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria. Esta iniciativa del Poder Ejecutivo apunta a modificar la normativa vigente, vinculándola directamente con la estrategia de equilibrio fiscal y el objetivo de déficit cero que sostiene la gestión actual.
El texto oficial especifica que se enviará un nuevo proyecto para la "recomposición del salario docente", un tema que ha generado fuertes tensiones con los gremios y la comunidad educativa en los últimos meses. Con este movimiento, la Casa Rosada busca retomar la iniciativa legislativa sobre los recursos destinados a las casas de altos estudios.
El impacto del Decreto 103/2026 y la estrategia oficial
El documento, que lleva la firma del presidente Javier Milei y el vocero presidencial Manuel Adorni, establece textualmente: "Prorróganse las Sesiones Extraordinarias del Honorable Congreso de la Nación, convocadas por Decreto N° 24 de fecha 18 de enero de 2026, hasta el 28 de febrero de 2026".
Esta decisión responde a una cuestión reglamentaria de la Cámara de Diputados: cuando restan diez días o menos para el cierre de las sesiones, los dictámenes corren el riesgo de perder vigencia práctica. Al ampliar el plazo, el oficialismo "blinda" la discusión parlamentaria y gana margen de maniobra para negociar con los bloques aliados y la oposición dialoguista.
Tensión judicial y presupuesto educativo
La inclusión del financiamiento universitario en las extraordinarias no es casual. Se produce en un contexto de fuerte disputa judicial, luego de que la Justicia Federal emitiera fallos que obligaban al Estado a actualizar salarios y becas, frenando decretos previos que suspendían dichas partidas presupuestarias.
Desde el entorno presidencial sostienen que la nueva reforma es necesaria para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas. La intención del Ejecutivo es dar una respuesta al conflicto docente y universitario, pero bajo sus propios términos financieros, buscando que el Congreso convalide un esquema de gastos que no comprometa el superávit fiscal.
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