En una jugada política para cerrar uno de los frentes de conflicto más persistentes de su gestión, el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un nuevo proyecto de Ley de Financiamiento Universitario. La iniciativa, que busca sustituir el esquema actual ratificado por el Legislativo el año pasado, será incluida mediante decreto en el temario de sesiones extraordinarias y se oficializará el próximo lunes en el Boletín Oficial.
Negociaciones con el CIN y el factor de la viabilidad fiscal
La decisión maduró tras una serie de reuniones estratégicas entre funcionarios nacionales y las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Según trascendió desde la Casa Rosada, el objetivo es diseñar una norma que ofrezca "previsibilidad fiscal" al Estado, pero que al mismo tiempo responda a los reclamos de actualización de partidas que mantienen las casas de altos estudios.
El secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, encabezaron los encuentros para pulir una redacción que logre el consenso parlamentario. “La intención es garantizar la viabilidad fiscal y, al mismo tiempo, responder a los reclamos históricos del sector”, explicaron fuentes oficiales sobre el espíritu de la reforma.
El frente judicial y la estrategia legislativa
Este movimiento se produce días después de que el Gobierno apelara una medida cautelar que lo obligaba a aplicar la ley vigente, la cual exige la actualización inmediata de los salarios docentes y no docentes. Con este nuevo proyecto, el oficialismo intenta desactivar las disputas legales y evitar posibles sanciones penales derivadas del incumplimiento de la normativa anterior.
La estrategia del Ejecutivo no solo apunta a lo presupuestario, sino a una reconfiguración del marco jurídico. En lugar de una derogación directa, se busca una modificación integral que reemplace la ley que el presidente Javier Milei vetó en 2024, pero que luego fue ratificada por ambas cámaras del Congreso.
Extensión de extraordinarias y próximos pasos
Para dar lugar al debate, el Gobierno formalizará mediante decreto la extensión del período de sesiones extraordinarias hasta el sábado 28 de febrero. La apuesta es aprovechar el impulso político tras la reciente aprobación de la reforma laboral en el Senado y la media sanción de la ley penal juvenil en Diputados.
A pesar de que el reglamento de la Cámara Baja establece que el temario debe votarse en el recinto, el Ejecutivo confía en que la necesidad de una solución definitiva para el sistema universitario acelere los tiempos. El lunes será un día clave, cuando la publicación en el Boletín Oficial marque el inicio formal de una discusión que promete marcar el pulso político del cierre del verano.
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