La tensión entre el municipio de Santa Fe y los trabajadores informales escaló en las últimas horas tras la entrada en vigencia de la prohibición de la actividad de cuidacoches. Agrupaciones del sector se manifestaron frente a la Legislatura para reclamar una ley provincial que reconozca su labor y frene lo que consideran una medida excluyente.
El conflicto por la prohibición local
El núcleo del reclamo radica en la reciente ordenanza municipal que prohíbe el estacionamiento medido gestionado por particulares en las calles de la capital provincial. Para los manifestantes, esta decisión no ofrece alternativas reales de subsistencia y criminaliza una actividad que, según afirman, es el único sustento de cientos de familias.
Los representantes de las organizaciones sociales que acompañan el pedido sostienen que la erradicación del sistema de "trapitos" debe ir acompañada de un programa de inclusión laboral efectivo. La falta de consenso con el Ejecutivo municipal derivó en un pedido de intervención directa de los legisladores provinciales para unificar criterios en todo el territorio santafesino.
Un pedido de marco regulatorio provincial
Durante la movilización, los voceros de los trabajadores entregaron un petitorio donde exigen la creación de un registro oficial y un marco normativo que regule sus tareas. “No queremos vivir en la ilegalidad, queremos que el Estado nos reconozca como trabajadores de la economía popular y nos dé herramientas para ordenar el espacio público”, expresaron referentes del sector.
La propuesta busca evitar que cada municipio aplique normativas aisladas que, a criterio de los cuidacoches, terminan desplazando el problema de un barrio a otro sin solucionar la vulnerabilidad social de fondo. El proyecto sugerido incluye la capacitación de los trabajadores y la asignación de zonas específicas bajo supervisión estatal.
Impacto social y seguridad ciudadana
El debate en Santa Fe no solo abarca el derecho al trabajo, sino también la seguridad y la convivencia urbana. Mientras el municipio justifica la prohibición basándose en numerosas denuncias por extorsiones y abusos en la vía pública, los trabajadores nucleados en cooperativas aseguran que los incidentes son provocados por personas ajenas a su organización.
Las consecuencias de esta disputa legal y social marcan un precedente para otras ciudades de la provincia, como Rosario, donde la discusión sobre el control del espacio público sigue vigente. La resolución del conflicto en la Legislatura será clave para determinar si la actividad se encamina hacia una regularización integral o hacia una prohibición definitiva en toda la región.
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