El debate sobre la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil dio un giro clave en el Congreso de la Nación. En una jornada marcada por intensas negociaciones, los legisladores de las comisiones de Legislación Penal y de Familias, Niñez y Juventudes acordaron elevar la edad de punibilidad a 14 años, descartando la propuesta inicial del Gobierno que pretendía fijarla en 13.
Este consenso destrabó el tratamiento del proyecto y permitió establecer una "hoja de ruta" para los próximos meses. El objetivo de las fuerzas políticas es lograr un dictamen unificado que no solo baje la edad actual de 16 años, sino que también garantice un sistema integral de resocialización y justicia especializada para los menores en conflicto con la ley.
Un punto de equilibrio en el debate legislativo
La decisión de fijar el límite en los 14 años surgió como una respuesta a las críticas de especialistas, organismos internacionales y bloques opositores dialoguistas. Estos sectores advertían que la baja a los 13 años podía resultar inconstitucional y contraria a la Convención sobre los Derechos del Niño, al no existir evidencia sólida de que la punibilidad a tan temprana edad reduzca la criminalidad.
“Hemos logrado un punto de equilibrio que permite que el Estado intervenga de manera penal ante delitos graves, pero respetando los estándares internacionales de derechos humanos”, explicaron fuentes legislativas cercanas a la negociación. Con este cambio, el oficialismo se asegura el acompañamiento necesario para que la ley no quede estancada en el recinto.
Los ejes de la nueva hoja de ruta parlamentaria
Más allá de la cifra de la edad, los diputados acordaron un cronograma de reuniones informativas que incluirá la participación de jueces, fiscales, defensores y expertos en minoridad. La intención es que el régimen penal no sea meramente punitivo, sino que contemple medidas alternativas a la privación de la libertad para delitos menores.
El proyecto de ley se estructurará sobre tres pilares fundamentales:
Justicia especializada: Creación de juzgados y fiscalías exclusivas para menores.
Medidas socioeducativas: Prioridad en la formación y reinserción para evitar la reincidencia.
Acompañamiento estatal: Seguimiento post-sentencia para garantizar que el joven se mantenga fuera del sistema delictivo.
El impacto social y las próximas etapas
La reforma del régimen penal juvenil es una demanda que cruza a gran parte de la sociedad argentina, especialmente en contextos de alta inseguridad. Sin embargo, los datos duros indican que los delitos cometidos por menores de 16 años representan un porcentaje bajo del total nacional, por lo que el enfoque está puesto en casos de delitos graves como homicidios, robos con armas y violaciones.
“El Estado no puede seguir mirando para otro lado; hoy tenemos un vacío legal que desprotege tanto a las víctimas como a los jóvenes”, sostuvieron desde el bloque de La Libertad Avanza. El próximo paso será la redacción definitiva del articulado, con miras a llevar el debate al pleno de la Cámara de Diputados antes del cierre del periodo legislativo.
📝 ¡Gracias por tu lectura!
Tu feedback no solo mejora el contenido, sino que también inspira a otros lectores.
📝 ¡Gracias por tu lectura!
Tu feedback no solo mejora el contenido, sino que también inspira a otros lectores.