En un giro estratégico para destrabar el debate legislativo, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) retiró este martes su proyecto de reforma penal juvenil que pretendía bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. Tras intensas negociaciones con los sectores dialoguistas, el Poder Ejecutivo aceptó elevar el piso a los 14 años, retomando el consenso alcanzado el año pasado para garantizar los votos necesarios en la Cámara de Diputados.
Un cambio de estrategia para asegurar los votos
La decisión del Gobierno nacional responde a la necesidad de blindar el apoyo de bloques clave como el PRO, la UCR y sectores del radicalismo. Estos espacios ya habían advertido que no acompañarían una baja hasta los 13 años, pero sí estaban dispuestos a convalidar el límite de 14. Fuentes parlamentarias confirmaron que "la intención es ordenar el debate y avanzar sobre un texto que ya cuenta con un dictamen de mayoría previo".
Con esta modificación, el oficialismo busca evitar una derrota en el recinto y acelerar el tratamiento de la ley. La sesión ha sido convocada para el próximo jueves 12 de febrero, mientras que este miércoles se llevará adelante un plenario de comisiones para emitir el nuevo dictamen basado en la propuesta consensuada.
El costo de la reforma y el sistema de financiamiento
Uno de los puntos centrales del nuevo texto es el financiamiento para la implementación del sistema. El proyecto estima un gasto total superior a los 23.700 millones de pesos, destinados principalmente al Ministerio de Justicia y a la Defensoría General de la Nación. A diferencia de versiones anteriores, el expediente actual establece que los recursos deberán solventarse con las partidas asignadas en las leyes de presupuesto correspondientes.
El sistema propuesto no solo busca la punibilidad, sino que establece un régimen diferenciado del sistema de adultos. Según explicaron desde la Casa Rosada, el objetivo es dar respuesta a delitos graves cometidos por menores, evitando la impunidad mediante un marco legal moderno. "El régimen actual data de la última dictadura militar y es considerado obsoleto para la realidad delictiva actual", señalaron desde el entorno del Ministerio de Justicia.
Medidas socioeducativas y centros especializados
La reforma penal juvenil contempla una gradualidad en las sanciones que prioriza las medidas socioeducativas y el acompañamiento psicológico. La privación de la libertad en institutos especializados se mantendrá como último recurso y para los delitos más severos. Además, el texto subraya derechos reforzados para los imputados, como el acceso a patrocinio jurídico gratuito y asistencia social permanente.
Desde el Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, defienden que la baja a 14 años permitirá que el Estado intervenga de manera temprana. El proyecto también incluye programas obligatorios de capacitación laboral y un esquema de reinserción que busca evitar que los jóvenes reincidan en el circuito delictivo. Se espera que, con el apoyo de los gobernadores aliados y los bloques federales, la media sanción se concrete antes del cierre de la semana.
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