En el inicio del nuevo año, el gobierno de Nicolás Maduro dispuso la liberación de 87 presos políticos que permanecían recluidos en el Centro Penitenciario de Tocorón. La medida, confirmada este jueves 1 de enero por el Comité de Madres en Defensa de la Verdad, ocurre en un escenario de máxima tensión diplomática y militar con los Estados Unidos.
Según detalló la organización civil, los beneficiados son ciudadanos que habían sido arrestados durante las protestas posteriores a los últimos comicios. Esta cifra se suma a los 71 detenidos que recuperaron su libertad durante la pasada Navidad, aunque desde el sector de derechos humanos advierten que las condiciones de estas excarcelaciones son parciales.
Un reclamo por la libertad plena
A pesar del movimiento del Palacio de Miraflores, las familias de los detenidos mantienen su postura crítica frente a la modalidad de las liberaciones. La ONG remarcó que los ciudadanos liberados aún enfrentan procesos judiciales activos y restricciones legales que limitan su movilidad.
"Este logro, que nos llena de alegría es, sin embargo, insuficiente. Se trata de una libertad limitada, porque continúan en juicio y con medidas cautelares y muchos otros de nuestros familiares aún continúan privados arbitrariamente de libertad", expresaron desde el Comité de Madres a través de un comunicado oficial.
La demanda de los organismos humanitarios apunta a una amnistía general, ante lo que consideran detenciones arbitrarias bajo el esquema de persecución política. Mientras tanto, el chavismo utiliza estas medidas como piezas de una compleja partida de ajedrez frente a la comunidad internacional.
El avance de Estados Unidos y las sanciones petroleras
El contexto de estas liberaciones está marcado por el incremento de la presión ejercida desde Washington. El gobierno de Donald Trump ha profundizado su estrategia de asfixia económica, apuntando directamente a las fuentes de financiamiento del régimen venezolano.
Recientemente, el Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones a cuatro empresas que operan en el sector petrolero venezolano. La medida incluyó el bloqueo de cuatro buques tanqueros: el Della, el Valiant, el Nord Star y el Rosalind, identificados como parte de la denominada "flota fantasma" que burla los embargos internacionales.
“Estos barcos continúan brindando recursos financieros para impulsar el régimen ilegítimo y narcoterrorista de Maduro", denunció la administración estadounidense en una nota oficial, vinculando directamente la actividad hidrocarburífera con el sostenimiento de estructuras criminales.
Tensión militar y el Cartel de los Soles
Más allá de lo económico, la Casa Blanca ha pasado a la ofensiva operativa. Washington movilizó una flotilla de buques militares y aviones de combate al Caribe, bajo la premisa de combatir el narcotráfico y desmantelar el "Cartel de los Soles", organización que Estados Unidos asocia directamente con la cúpula chavista.
Este despliegue ha tenido consecuencias directas y letales: se reportaron más de 30 ataques contra embarcaciones sospechosas, con un saldo de al menos 115 muertos. Estas acciones han sido cuestionadas por grupos de derechos humanos, quienes señalan la existencia de posibles ejecuciones extrajudiciales en aguas internacionales.
Por su parte, Nicolás Maduro ha rechazado sistemáticamente las acusaciones de narcotráfico. El líder venezolano sostiene que la ofensiva de Trump no busca la democracia, sino el control de las reservas de crudo más grandes del mundo, manteniendo la narrativa de un intento de golpe de Estado orquestado desde el exterior.
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