El Helicoide, sede del servicio de inteligencia y centro de detención de Venezuela, se encuentra en Caracas. (Foto AP/Matías Delacroix)
En un giro político de alto impacto, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes el impulso de una ley de amnistía general destinada a los presos políticos. La iniciativa, presentada durante el acto de apertura del año judicial en la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), busca descomprimir la crisis interna y responde a las crecientes exigencias de la comunidad internacional.
Un llamado a la convivencia y el fin de la "venganza"
Durante su discurso, la funcionaria instruyó a la Asamblea Nacional —de amplia mayoría oficialista— para que procese y apruebe el proyecto de manera urgente. Según adelantó, la normativa podría ser ratificada durante la primera semana de febrero, otorgando un marco legal a las excarcelaciones que se vienen registrando a cuentagotas en las últimas semanas.
“Anuncio una ley de amnistía general y encargo que esa ley se lleve a la Asamblea Nacional para favorecer la convivencia en Venezuela”, expresó Rodríguez ante los magistrados. En su mensaje, apeló a un cambio de tono en la retórica gubernamental al pedir que “nadie imponga la violencia o la venganza” y exhortó a la ciudadanía a transitar una etapa de “respeto” mutuo.
La sombra de Washington y el factor petróleo
El anuncio no es casual. Se produce en un escenario donde el gobierno de los Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, ha intensificado las condiciones para normalizar vínculos. El mandatario norteamericano ha supeditado cualquier avance diplomático a la liberación de los detenidos por razones políticas y mantiene una vigilancia estricta sobre las operaciones del crudo venezolano.
Desde Washington, el secretario de Estado, Marco Rubio, ratificó ante el Senado que la liberación de los prisioneros es un pilar fundamental del proceso de transición. Aunque reconoció progresos, la Casa Blanca presiona para que el alcance de la medida sea total y sin las restricciones que han caracterizado a los operativos de liberación previos, donde muchos excarcelados mantienen prohibiciones de uso de redes sociales o salida del país.
Alcances, exclusiones y el reclamo de las familias
A pesar del optimismo oficial, la letra chica del proyecto establece límites claros. Rodríguez aclaró que la amnistía no beneficiará a personas condenadas por delitos de homicidio, narcotráfico o crímenes comunes. Este punto genera incertidumbre entre las organizaciones de derechos humanos, quienes temen que la discrecionalidad judicial limite el impacto real de la ley sobre los dirigentes opositores más emblemáticos.
Mientras el Palacio de Miraflores intenta mostrar una imagen de apertura, las cifras sobre la cantidad de beneficiarios siguen siendo contradictorias:
El Ministerio del Interior reporta más de 800 liberaciones desde diciembre.
La Fiscalía General reduce ese número a 643 medidas cautelares.
Organizaciones civiles como Foro Penal contabilizan apenas 302 casos verificados.
Paralelamente, grupos como el "Comité de Madres en Defensa de la Verdad" mantienen vigilias permanentes. Su reclamo es concreto: exigen una "libertad plena y sin condiciones", denunciando que las medidas actuales funcionan más como un régimen de libertad vigilada que como una verdadera reparación institucional. Con este anuncio, el chavismo busca mover una pieza clave en el tablero internacional, intentando aliviar sanciones a cambio de gestos de distensión política.
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