El Gobierno de Santa Fe marcó un hito en su lucha contra el comercio de drogas al menudeo. Con un operativo realizado este viernes en la ciudad de Rosario, la provincia alcanzó la cifra de 101 búnkeres inactivados desde la puesta en marcha de la Ley de Microtráfico. La intervención, llevada a cabo en una vivienda que funcionaba como centro de expendio, consolida una política de Estado que busca desarticular los eslabones más bajos del narcotráfico y reducir la violencia en los barrios.
Operativo en Rosario y el nexo con bandas locales
La intervención de esta mañana tuvo lugar en un inmueble ubicado en calle Hipólito Yrigoyen al 1300, en el sur rosarino. El lugar fue identificado tras una exhaustiva investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que logró vincular el domicilio con la venta de estupefacientes fraccionados para el consumo inmediato.
Según explicó Mercedes Banchio, fiscal de la Unidad de Microtráfico del MPA, la investigación se precipitó tras la captura de un sospechoso en el lugar. “Pudimos identificar este punto de venta porque una de las personas que tenían investigada fue aprehendida allí con material estupefaciente en dosis dispuestas para la venta”, detalló la funcionaria. El caso, que incluyó 20 allanamientos simultáneos, dejó un saldo de nueve imputados y un prófugo, revelando además conexiones con la banda conocida como "Los Menores".
La Ley de Microtráfico como herramienta clave
El derribo número 101 llega apenas días después de que se alcanzara el centenar en la localidad de Venado Tuerto. Este avance es resultado directo de la legislación sancionada a fines de 2023 y promovida por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, la cual permite a la justicia provincial intervenir directamente sobre los puntos de venta, una facultad que antes era competencia exclusiva del fuero federal.
“A través de una investigación que llevó varios meses, se derivó en 20 allanamientos simultáneos, incluso requisas en los lugares de detención”, señaló Banchio, destacando que incluso algunos de los procesados se encontraban operando desde el interior del penal de Piñero. Esta coordinación entre el Ministerio de Seguridad, la Policía de Santa Fe y el MPA permite una respuesta más ágil ante la denuncia de los vecinos.
Impacto en la seguridad y el territorio
Desde principios de 2024, la estrategia de inactivación de inmuebles no solo apunta a eliminar el comercio de sustancias, sino también a desarticular estructuras asociadas a delitos de violencia altamente lesiva. La presencia de funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad en cada derribo busca enviar un mensaje de control territorial en zonas históricamente castigadas por la criminalidad organizada.
El trabajo conjunto entre las fuerzas provinciales, el apoyo de fuerzas federales y los gobiernos locales ha permitido que, en poco más de dos años, la provincia logre remover estructuras de hormigón que funcionaban como símbolos de impunidad en los barrios. La meta para lo que resta de 2026 es profundizar la persecución penal sobre los organizadores, mientras se mantiene el ritmo de compactación y derribo de los puntos de venta minorista.
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