Santa Fe restringe celulares en las escuelas: la salud mental como prioridad

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El Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe avanza a paso firme en la implementación de una nueva normativa que regulará, y en muchos casos prohibirá, el uso de teléfonos celulares dentro de las aulas. La medida, confirmada por el ministro José Goity, busca mitigar los efectos negativos de la hiperconectividad en los procesos de aprendizaje y abordar la creciente preocupación por la salud mental de los estudiantes.

En las aulas de Santa Fe el uso de celulares será cada vez más restringido
En las aulas de Santa Fe el uso de celulares será cada vez más restringido

Primaria y secundaria: dos enfoques distintos

La estrategia del gobierno provincial distingue claramente entre los niveles educativos. Para el nivel primario, la directiva apunta a una prohibición total del uso de dispositivos móviles durante el horario escolar. Según las autoridades, en esta etapa no existen justificaciones pedagógicas que avalen la presencia del teléfono en el aula, priorizando así el juego físico y la interacción directa entre pares.

En el caso del nivel secundario, la normativa será restrictiva pero con excepciones puntuales. Los celulares deberán permanecer guardados y solo podrán utilizarse cuando el docente lo requiera específicamente para una actividad pedagógica planificada. El objetivo es transformar al dispositivo en una herramienta educativa controlada, eliminando su uso como elemento de distracción o esparcimiento durante las clases.

Combate a la ciberludopatía y la falta de atención

Más allá de lo académico, la medida tiene un fuerte componente de salud pública. Los especialistas advierten que la presencia constante de pantallas incrementa los niveles de ansiedad, reduce la capacidad de atención y fomenta el aislamiento. Además, la restricción busca ser una barrera de contención contra la ciberludopatía, una problemática que crece alarmantemente entre los adolescentes a través de las apuestas online.

El ministro Goity enfatizó que la escuela debe funcionar como un espacio de "desconexión digital" para permitir una reconexión humana y cognitiva. La normativa, que actualiza leyes vigentes desde 2006, pretende unificar criterios para que las instituciones no deban lidiar aisladamente con la presión social del uso de la tecnología.

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