En el segundo día del año, el Gobierno de Santa Fe procedió al derribo de un búnker de drogas ubicado en la zona norte de Rosario. La edificación, situada en Hipólito Yrigoyen al 1300, funcionaba como un nodo estratégico de venta minorista vinculado a la banda de "Los Menores" y era coordinado por reclusos desde el penal de Piñero.
Una estructura diseñada exclusivamente para el delito
El procedimiento se desprendió de una exhaustiva investigación que incluyó 20 allanamientos simultáneos y requisas en unidades penitenciarias. Según detalló la fiscal de la Unidad de Microtráfico del MPA, Mercedes Banchio, el inmueble no presentaba condiciones mínimas de habitabilidad, lo que confirmó su uso estrictamente criminal.
“No tenía formato de vivienda: en este lugar no había luz, ni agua, ni gas, ni baño. No había ningún tipo de instalación que permitiera pasar más de unas horas”, explicó Banchio. La funcionaria judicial remarcó que la casilla era, además, un foco de conflictos territoriales: “Era un lugar donde también había varios hechos vinculados a violencia altamente lesiva”.
La causa cuenta actualmente con nueve personas imputadas y un sospechoso prófugo. La conexión con la unidad penitenciaria de Piñero vuelve a poner el foco en la operatividad de las bandas narcocriminales desde el interior de las cárceles, una problemática central en la agenda de seguridad regional.
El impacto de la Ley de Microtráfico en los barrios
Con la destrucción de este punto de venta, la provincia alcanzó la cifra de 101 búnkeres desactivados desde la sanción de la Ley de Microtráfico a fines de 2023. El operativo anterior, que marcó el centenar de intervenciones, se había llevado a cabo este lunes en la ciudad de Venado Tuerto.
El secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, destacó que estas acciones tienen un efecto inmediato en la seguridad ciudadana. “Cada vez que se inactiva un búnker se nota rápidamente el descenso de la violencia”, afirmó el funcionario durante el operativo en zona norte.
Para las autoridades, el objetivo principal de la normativa trasciende el decomiso de estupefacientes. Según Pereira, atacar estos puntos permite neutralizar las balaceras y muertes derivadas de la disputa territorial. “Esta herramienta ha permitido pacificar los sectores aledaños de estos puntos que generan una violencia muy importante”, concluyó.
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