El Gobierno nacional se encuentra en una etapa decisiva para reactivar la reforma laboral, uno de los pilares fundamentales de su gestión que quedó en suspenso tras las medidas cautelares contra el DNU 70/2023. Ante este escenario, la Casa Rosada evalúa cuál es el camino legislativo más eficiente para blindar los cambios en el mundo del trabajo.
La administración de Javier Milei ha intensificado las conversaciones con los bloques de la oposición dialoguista para definir la hoja de ruta. El objetivo principal es evitar un nuevo revés jurídico y lograr que la modernización de las leyes laborales tenga el respaldo del Congreso, lo que otorgaría mayor seguridad jurídica a las futuras inversiones.
El dilema de la cámara de origen
El debate interno en el oficialismo se centra en determinar por dónde ingresar el proyecto. Las opciones son claras pero estratégicamente complejas: iniciar el tratamiento en la Cámara de Diputados o buscar un acuerdo en el Senado. Cada escenario presenta desafíos distintos para La Libertad Avanza, que cuenta con minoría en ambas cámaras.
Según fuentes cercanas a la negociación, la balanza podría inclinarse hacia donde se garantice un tratamiento más ágil. Algunos asesores sugieren que el Senado, pese a ser un terreno históricamente hostil para reformas liberales, podría ofrecer una vía de negociación directa con los gobernadores, quienes necesitan alivio fiscal para sus provincias.
Consenso político y diálogo con la CGT
Mientras se define la táctica parlamentaria, el contenido de la reforma también está bajo revisión. El Ejecutivo busca mantener los ejes centrales: la extensión del período de prueba, la simplificación de la registración laboral y cambios en el sistema de indemnizaciones, inspirados en el modelo del fondo de cese laboral de la UOCRA.
Desde el Ministerio del Interior, encabezado por Guillermo Francos, se ha transmitido un mensaje claro a los interlocutores políticos: "La modernización de la normativa laboral es una herramienta innegociable para bajar la litigiosidad y generar empleo genuino". Sin embargo, el Gobierno sabe que necesitará ceder en algunos puntos para sumar los votos necesarios.
Por otro lado, la relación con la Confederación General del Trabajo (CGT) se mantiene tensa pero no rota. Si bien la central obrera ha judicializado el capítulo laboral del DNU, el oficialismo no descarta abrir una mesa de diálogo técnico para discutir artículos específicos, buscando aislar a los sectores más combativos del sindicalismo y atraer a los gremios más pragmáticos.
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