Un agente del Servicio Penitenciario de Santa Fe fue imputado y quedó bajo prisión preventiva efectiva tras ser sorprendido mientras intentaba ingresar una importante cantidad de estupefacientes y dispositivos electrónicos a la Unidad Detentiva N° 6 de Rosario. El hallazgo se produjo durante una requisa de rutina al personal antes de iniciar el turno.
El hecho ocurrió en el establecimiento ubicado en la zona de Francia al 5200, la antigua Alcaidía Mayor de la ciudad. El uniformado, identificado como Maximiliano Espinosa, fue interceptado por sus propios compañeros en el marco de los controles internos que se vienen intensificando en las cárceles de la provincia para desarticular las redes de contrabando hacia el interior de los penales.
El operativo y el ingenioso método de ocultamiento
El fiscal de la Unidad de Microtráfico, Diego Giro, detalló durante la audiencia que el intento de ingreso tuvo lugar el pasado martes a las 7:57. Durante la inspección del bolso personal de Espinosa, el personal de guardia detectó anomalías en objetos cotidianos que el agente transportaba para su jornada laboral.
Tras una revisión exhaustiva, se descubrió que el imputado llevaba 100 gramos de cocaína y 235 gramos de marihuana. La droga no estaba a simple vista: los envoltorios se encontraban minuciosamente escondidos dentro de una almohada, en el interior de un paquete de yerba, en un envase de galletitas y hasta dentro de un termo.
Además de los estupefacientes, los efectivos secuestraron un cargamento de tecnología y alcohol prohibido: cinco teléfonos celulares, ocho cables USB, adaptadores, cuatro tarjetas SIM y tres botellitas de 50 ml de Fernet. El cargamento estaba destinado a ser distribuido entre los reclusos alojados en dicho pabellón.
Calificación legal y situación procesal
Frente a la jueza Melania Carrara, el fiscal Giro le atribuyó a Espinosa el delito de suministro de estupefacientes a título gratuito, agravado por su condición de funcionario público encargado de la guarda de presos y por el lugar de comisión. "Con este accionar, se le atribuye haber incumplido con sus deberes de funcionario público al intentar ingresar elementos prohibidos al establecimiento", señaló la acusación.
La magistrada dictó la prisión preventiva por un plazo de 90 días mientras avanza la investigación. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) ya cuenta con la autorización para peritar el teléfono celular del detenido, una pieza clave que podría revelar si el agente actuaba por cuenta propia o si formaba parte de una estructura delictiva mayor ligada a bandas narcocriminales.
Este caso vuelve a poner el foco sobre la transparencia en los controles del Servicio Penitenciario. La investigación buscará determinar quiénes eran los destinatarios finales de la mercancía y si existen otros agentes involucrados en la facilitación de estos elementos que comprometen la seguridad interna de los penales rosarinos.
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