Patricia Bullrich y Romina, la mamá de Jeremías Monzón, en el Salón de las Mujeres de la Cámara de Senadores.
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, mantuvo un encuentro clave con los padres de Jeremías Monzón, el joven de 21 años asesinado en Rosario. Durante la reunión, la funcionaria ratificó su compromiso de avanzar en el Congreso con el proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad en Argentina.
El reclamo de justicia en el despacho oficial El encuentro se dio en un marco de fuerte carga emotiva, donde los familiares de Monzón relataron los detalles del crimen ocurrido en el barrio Rucci. El hecho, que conmocionó a la opinión pública, volvió a poner en el centro del debate la participación de menores en delitos graves y la falta de herramientas legales para procesarlos.
Bullrich escuchó el pedido de los padres, quienes exigen que el sistema judicial no sea una "puerta giratoria" para quienes cometen homicidios, independientemente de su edad. La ministra subrayó que la actual legislación quedó obsoleta frente a la nueva dinámica del delito complejo en los centros urbanos.
Detalles del proyecto de baja de imputabilidad El Gobierno nacional busca que la nueva normativa permita juzgar a menores a partir de los 14 años en casos de delitos graves como homicidios, violaciones y robos con armas. Según explicaron desde la cartera de Seguridad, el objetivo es terminar con la impunidad que muchas veces rodea a los menores utilizados por bandas criminales.
“Es necesario que quienes cometen delitos de sangre tengan una consecuencia clara ante la ley, para que no haya más familias destrozadas por la impunidad”, señaló la funcionaria tras la reunión. El proyecto contempla no solo la sanción penal, sino también programas de acompañamiento y reforma del sistema carcelario juvenil.
Impacto social y debate legislativo La iniciativa cuenta con un fuerte respaldo en sectores de la sociedad que reclaman mayor seguridad, especialmente en Santa Fe. Sin embargo, el texto deberá sortear un complejo debate en el Congreso, donde sectores de la oposición y organizaciones de derechos humanos plantean reparos sobre la eficacia de la medida.
Para el Ministerio de Seguridad, la reforma del Código Penal es una pieza fundamental dentro del plan de lucha contra el narcotráfico y la violencia armada. El caso de Jeremías Monzón se ha convertido en un emblema de la lucha de las víctimas que buscan transformar el dolor en un cambio legislativo concreto.
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