El escenario político nacional vuelve a tensarse en torno a los organismos de control. En las últimas horas, los bloques opositores en el Congreso de la Nación elevaron un pedido formal a los titulares de ambas cámaras, Victoria Villarruel y Martín Menem, para la conformación inmediata de las comisiones bicamerales. El objetivo es analizar el DNU 941/2025, que introduce reformas estructurales en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
El reclamo de los bloques y el cuestionamiento constitucional
La iniciativa surge de una acción conjunta, aunque con matices, entre el bloque Unidos —conducido por Gisela Scaglia— y Unión por la Patria (UxP). Ambos sectores coinciden en que la reforma de la Ley de Inteligencia no puede eludir el debate parlamentario. Mientras que Unidos solicita el giro formal a las comisiones para su evaluación técnica, desde el peronismo adoptaron una postura de rechazo directo al considerar que la norma altera el sistema democrático.
Desde la bancada de UxP, legisladores como Eduardo Valdés y Santiago Cafiero advirtieron que el decreto otorga facultades que podrían chocar con la Constitución Nacional. “La norma introduce una alteración sustancial del sistema democrático al otorgar a la SIDE facultades coercitivas incompatibles con el orden constitucional y el principio republicano de división de poderes”, señalaron a través de un proyecto de rechazo.
Los plazos legales y la estrategia del oficialismo
De acuerdo con la Ley 26.122, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo cuenta con un plazo de diez días hábiles para dictaminar sobre la validez del decreto una vez recibido el giro. Un dato clave es que esta comisión debe funcionar incluso durante el receso parlamentario. Si el cuerpo no se expide en el tiempo previsto, ambas cámaras quedan habilitadas para tratar el DNU de manera directa en el recinto, sin necesidad de que el Ejecutivo lo incluya en el temario de sesiones extraordinarias.
Por su parte, el bloque del PRO, liderado por Cristian Ritondo, ha optado por una posición de cautela. Aunque mantienen una alianza estratégica con el Gobierno, decidieron esperar a conocer los protocolos de aplicación antes de definir un voto. “Nuestra postura inicial es actuar con responsabilidad institucional: ser prudentes y aguardar el dictado de la normativa complementaria”, afirmaron desde el bloque amarillo.
Sesiones extraordinarias y el antecedente de 2024
El Gobierno de Javier Milei planea convocar a sesiones extraordinarias a partir del 2 de febrero. No obstante, el temario oficial se centraría en la Modernización Laboral, cambios a la Ley de Glaciares y reformas al Código Penal, excluyendo deliberadamente el debate sobre la SIDE. Esto obligaría a la oposición a reunir el quórum propio —129 diputados y 37 senadores— si pretende forzar el tratamiento del decreto.
El antecedente inmediato no favorece al Ejecutivo. En agosto de 2024, el Congreso marcó un hito histórico al rechazar un DNU que asignaba fondos reservados a la central de inteligencia. En aquella oportunidad, la Cámara de Diputados propinó un duro golpe al oficialismo con 156 votos en contra, una cifra que la oposición aspira a repetir si el Gobierno no habilita los mecanismos de control legislativo sobre las nuevas facultades de los espías.
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