La pulseada judicial entre la República Argentina y el fondo Burford Capital sumó un nuevo capítulo de alta tensión en Nueva York. En una audiencia de seguimiento ante la jueza Loretta Preska, los representantes legales del Estado nacional volvieron a rechazar de forma tajante el pedido de los demandantes para obtener información detallada sobre la ubicación y el destino de las reservas de oro del Banco Central (BCRA). La defensa argentina calificó la ofensiva de los fondos como un intento de "hostigamiento sistemático" que excede los límites legales del proceso.
El oro del BCRA: el nuevo eje de la disputa
El conflicto se recrudeció luego de que Burford Capital, el principal beneficiario del fallo de 16.000 millones de dólares por la expropiación de la petrolera en 2012, solicitara precisiones sobre los movimientos de lingotes de oro al exterior. Para la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), este requerimiento es improcedente ya que los activos del Banco Central gozan de inmunidad soberana. “Las reservas son propiedad del BCRA, un ente autárquico, y están protegidas por leyes internacionales; son activos no ejecutables”, argumentaron las fuentes oficiales durante la audiencia.
La estrategia de los demandantes busca identificar activos que puedan ser sujetos de embargo para cobrar la millonaria sentencia. Sin embargo, el Gobierno sostuvo que la entidad monetaria no es un "alter ego" del Estado, un punto jurídico clave que ya ha sido debatido en instancias anteriores. Según los abogados que representan al país, obligar a revelar la ubicación de estos activos vulneraría no solo la soberanía nacional, sino también la estabilidad del sistema financiero argentino.
Denuncia de hostigamiento y pedido de sanciones
Durante el encuentro, que la defensa argentina intentó caracterizar como "rutinario", se puso sobre la mesa el pedido de Burford para que Argentina sea declarada en "desacato". Esta medida, de prosperar, podría derivar en multas diarias y complicar el regreso del país a los mercados voluntarios de deuda. El Estado respondió solicitando la suspensión del proceso de discovery (etapa de intercambio de pruebas), alegando que se ha desnaturalizado para transformarse en una herramienta de presión política.
“La República ha realizado un esfuerzo extraordinario entregando más de 115.000 páginas de documentación, pero los demandantes buscan pruebas cada vez más intrusivas e irrelevantes”, afirmaron desde la Procuración. La defensa subrayó que, a diferencia de gestiones anteriores, la actual administración ha cumplido estrictamente con los plazos procesales, por lo que consideran “inaceptable jurídica y moralmente” que se los acuse de falta de cooperación.
Chats y correos: la frontera de la privacidad estatal
Otro punto de fricción en la audiencia fue la exigencia de la jueza Preska sobre las "off channel communications". Burford insiste en acceder a chats de WhatsApp y correos electrónicos de funcionarios y exfuncionarios actuales para buscar evidencias de decisiones discrecionales. El Gobierno se resiste a esta medida por considerarla una violación a la privacidad y un exceso en las facultades del tribunal neoyorquino, especialmente en lo que respecta a comunicaciones sensibles de la administración pública.
El futuro de la causa queda ahora en manos de la jueza Preska, quien deberá resolver si hace lugar al pedido de suspensión del discovery o si, por el contrario, avala las sanciones solicitadas por Burford. Mientras tanto, el Ministerio de Economía sigue de cerca el impacto de estas audiencias en el riesgo país, que recientemente logró perforar el piso de los 500 puntos básicos, una estabilidad que la administración de Javier Milei busca preservar a toda costa.
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